El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, establecido entre los Estados y la Federación, tiene como origen a la Ley de Coordinación Fiscal, vigente a partir del 1º de enero de 1979. Más de cuarenta años de un esquema totalmente federalizado, que está arraigado en la administración pública nacional, con todo lo que implica: un complejo andamiaje jurídico para los ingresos, una mayor capacidad de fiscalización y sanción y un denso aparato administrativo formado a través de muchos años.
Retornar al antiguo sistema, en el que Estados y Federación, definen sus tributos, nos llevaría primero, a un proceso de legislación, complicado y adverso, toda vez que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, le da facultades al gobierno federal para cobrar impuestos como IVA, ISR, IEPES, entre otros. Si buscan los Estados la concurrencia de impuestos, caerían en el escenario de una doble tributación, lo que además de la controversia jurídica, ocasionará un problema social para cada gobierno local. La federación no dejaría estos ingresos, solo porque algunos Estados, se separen del convenio de adhesión.
Los impuestos al comercio y a la industria, son federales porque responden al principio constitucional del libre tránsito por el territorio nacional. Si cada Entidad cobra “sus impuestos”, las mercancías deben pagar por cada territorio que cruzan.
Por otra parte, el camino para establecer impuestos locales es arduo, se requiere legislar mucho, preparar y contratar un aparato administrativo muy costoso, equipamiento físico y de soporte tecnológico, todo ello si la sociedad permite la aplicación de más impuestos. Yo pensaría que, de proponérselo en serio, los gobernadores que han pensado en tal iniciativa, no verían el arranque del modelo, en lo que les falta de su periodo de gobierno.
Pero veamos el otro lado de la moneda. Cuando arrancó el pacto de coordinación fiscal, la oferta para los Estados fue que tendrían mayores ingresos, al dejar de cobrar muchos impuestos. Ahorrándose además el costo de la recaudación. A principio todo caminó según el plan. Pero la realidad ha sido distinta.
Las Entidades, dependen entre el 93 y el 96 por ciento en sus ingresos, de las aportaciones federales, según sus características. Las aportaciones, se generan por los diferentes fondos establecidos en la propia Ley de Coordinación Fiscal. Al principio, el Fondo General de Participaciones, compuesto ahora por el 20% de la recaudación participable, parecía atractivo, porque estaba complementado por el impuesto sobre tenencia de vehículos, que quedó en favor de los Estados.
¿Pero qué ha pasado realmente? Las entidades reciben cada vez menos ingresos federales en términos reales. Si bien pareciera que las cantidades aumentaban año con año, dichos aumentos no corresponden al valor presente del costo de operación. Entre 1980 y 1985, en la búsqueda del fortalecimiento municipal, los impuestos a la tierra, el predial y traslado de dominio y los derechos del catastro, pasaron a los ayuntamientos. En el sexenio del Presidente Calderón, buscando el voto para su partido y como graciosa concesión, propuso eliminar la llamada tenencia vehicular, en detrimento de los estados y violando el pacto fiscal. Su respuesta fue simple, los estados que lo necesiten, que lo apliquen localmente. Ya conocemos el desorden que se ha causado.
Es por las reducciones en los ingresos, que es necesaria una revisión a fondo, del sistema de coordinación fiscal. Por años hemos propuesto que las participaciones suban al menos un 3%. Que se revisen los fondos a la educación y a la salud, que trasladan más que los recursos, la responsabilidad a las entidades, que cada año deben invertir más, de sus propios ingresos en esas tareas.
Un gobierno federal, que se aprecia como justo, democrático y transformador, debe hacer justicia a los estados de la nación. Pero la revisión y los acuerdos debe darse con todos y con la participación de todos. México es uno solo, no hay, no caben diferentes conceptos de nación.
Exgobernador de Hidalgo
