Dos declaraciones coincidieron la semana pasada. La de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante comisiones de la Cámara de Diputados, en la que afirma que, durante los últimos meses, las agresiones, feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres y niñas, no solo no han disminuido, por el contrario, se han visto crímenes atroces.
Por otra parte, destaca la colaboración de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en EL UNIVERSAL, en donde, con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala cómo han aumentado los feminicidios, los homicidios dolosos, las lesiones dolosas, la violencia familiar, los actos delictivos de violencia de género, en todas sus modalidades. Son las últimas estadísticas, cifras históricas, afirma la Ministra.
“Es tiempo de actuar y dejar la actitud indolente y complaciente…”. “Es tiempo de poner fin a la impunidad, de exigir acciones contundentes. Es necesaria una instancia nacional que coordine y dirija las políticas y acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno….” Son las observaciones que quiero destacar de lo escrito por la Ministra.
Dada la magnitud creciente de este fenómeno delictivo, que además provoca discriminación, sumisión, depresión, aislamiento y otras consecuencias, que afecta no solo a las mujeres, también a su familia y a su entorno y que afecta a la mitad de la población del país, es necesaria una política pública de gran alcance, que involucre a todas las instituciones federales y estatales, que trace ruta, alcances y fije objetivos en el tiempo. Pero esa instancia nacional, como muy bien lo señala la Ministra Esquivel Mossa, ¡ya existe!
Está vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya última reforma entró en vigor el 13 de marzo de 2020. Lo que indica que el actual gobierno, ha procurado su actualización y con ello reconoce su validez.
Esta Ley da lugar a la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que es presidido por la Secretaría de Gobernación y en la que se suman otras 14 dependencias e instituciones federales.
Si bien la ley, precisa la obligación de elaborar el Programa Integral del sistema y establece la distribución de competencias para todas las áreas involucradas, incluyendo la participación de Estados y Municipios, no hay noticia en los últimos años, de que haya sesionado el concejo del sistema. Al menos no lo refieren las páginas oficiales tanto del sistema como de la Secretaría de Gobernación y no se conoce el texto actual de dicho programa.
¿No sería más contundente y efectivo, al generar mayor confianza y resultados, que se instalara, operara y diera seguimiento al programa, el Sistema Nacional? Las pláticas sin fijar compromisos, con los gobernadores, no dan resultados. Así se entiende del balance que hace la propia secretaria Sánchez Cordero o de los informes del sistema Nacional de Seguridad.
El funcionamiento del Sistema Nacional, así como su Programa, no es algo que esté a voluntad de las autoridades. Debe instalarse y trabajar, porque así lo ordena la ley. Si a la administración en turno, no le parece suficiente o adecuado este modelo, bien pueden buscar la alternativa, como ha sucedido con otras instituciones, cambiando la ley. Pero hoy están obligados a cumplir y no solo con la ley misma, con las mujeres que no ven una atención consistente en todos los frentes que genera la violencia. ¿O falta liderazgo? No lo creo.
Modificar patrones culturales y educativos, empoderar a las mujeres con capacitación y empleo, establecer las suficientes guarderías, crear los refugios necesarios, instalar agencias del ministerio público y juzgados especializados, aumentar atención médica y psicológica, mejorar los esquemas de protección, y sobre todo evitar la dispersión legislativa, no es tarea fácil, es el reto del sistema nacional. Y si ya existe esa importante instancia, por obligación, debe funcionar.
Exgobernador de Hidalgo
