Para quienes estudian o hacen de las leyes su profesión, no les queda duda, la prolongación del periodo del Presidente de Poder Judicial Federal, así como se aprobó, en un artículo transitorio de una ley secundaria, es un acto inconstitucional, que no requiere ni siquiera del proceso de consulta, al que el propio ministro Zaldívar, la pretende someter. El pleno de la Suprema Corte debiera desechar el artículo sin mayor discusión.
Sin embargo, no va a ser tan sencilla esa decisión, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el hecho de que se ponga en vigor, independiente de su sustento constitucional.
Y es a partir de aquí, que cualquiera se pone a elucubrar sobre la verdadera intención de la mal llamada ley Zaldívar. Porque para realizar los cambios, que nos insisten requiere el Poder Judicial, para mejorar su desempeño y combatir la corrupción, no solo hace falta la presencia y voluntad del ministro presidente, es necesaria la aportación del pleno y de quienes integran a toda la institución y de un gran compromiso colectivo. El ministro Zaldívar puede y debe seguir participando en ese ejercicio desde el espacio que le corresponda.
Pero no deja uno de pensar en la verdadera intención de esta reforma. En el objetivo no dicho, en la idea callada.
El peligro real en el que todos pensamos, si Morena alcanzaba la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal, consiste en los posibles cambios a la Constitución para permitir la reelección del titular del Poder Ejecutivo. A partir de los resultados, elucubrando y con alguna información de “buena fuente”, como dirían los periodistas, sabemos que ya no se está pensando en la reelección, pero sí en la prolongación del mandato.
Por ello la importancia de la reforma electoral, que el presidente López Obrador comentó que habrá de presentar a la próxima legislatura. El cambio de Consejeros del INE, tiene como finalidad contar con un Consejo General de ese instituto a modo. Y no sería extraño que, en esta última iniciativa, también apareciera un artículo transitorio, que permita la prolongación del periodo, de la actual Presidencia de la república.
Estos antecedentes me hacen pensar que haber aprobado la ley Zaldívar fue un ejercicio que busca “tantear” el terreno, valorar las reacciones y la fortaleza del régimen frente a esta extraña pretensión. Después de las elecciones del 6 de junio no hay lugar, no hay espacio para pensar en una reelección, pero sí en una prolongación de mandato.
Quizá estoy cayendo en un análisis totalmente fuera de lugar. En el que no veo con claridad las señales y que me pone al filo de lo absurdo. Pero por las dudas, las señoras y señores ministros, que conforman al pleno de la Suprema Corte, no deben aprobar como un acto constitucional, al artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No vaya a pasar que dicha aprobación, de darse el caso, se tome como precedente en futuras iniciativas similares. Qué necesidad hay de alborotar al México profundo.
Con un mínimo de conocimiento de Derecho Constitucional, resulta evidente que no hay forma de que se apruebe la reforma en cuestión, pero es mejor insistir en el análisis sobre su legalidad y en las consecuencias para la plena vigencia del Estado de Derecho. Hoy México necesita más que nunca confiar en sus instituciones y el Poder Judicial no debe perder la autoridad moral, ganada a través de tantos años de brillante historia.
Ahí está también el ejemplo de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. El clamor general ya dice que la aplicación de la ley no se debe poner a la consideración de un voto sin orden y vulnerando su vigencia. Por lo que ahora será el pueblo, quien sabiamente corregirá el camino. Si hay culpables y pruebas del pasado, que les inicien el procedimiento necesario. Esta consulta equivale a un juicio en la plaza pública de la edad media. Sin duda, habrá un amplio y claro rechazo, para acudir a las urnas.
Exgobernador de Hidalgo
