El acontecer político de México ha acuñado frases que envuelven de sabiduría a las actividades cotidianas. Una que se le atribuye a Don Jesús Reyes Heroles , dice: “En política, la forma es fondo”. Y de autoría popular otra frase que quiero recordar precisa que “Quien pregunta no se equivoca”
En el intento de reformar a la Ley del Banco de México, se debe analizar el fondo y la forma. El artículo 71, fracción segunda de la Constitución que nos rige como nación, establece la facultad para los legisladores, diputados federales y senadores, de presentar iniciativas de ley. Y en esa facultad se apoyaron quienes elaboraron y presentaron la iniciativa. Esa facultad es de fondo, porque sin duda es su derecho.
Otra parte del fondo es la razón, la utilidad o las causas para pretender realizar la reforma. Y fue aquí en donde chocaron las opiniones de los expertos, de los bancos, de organismos financieros internacionales, incluso hasta de funcionarios del propio Banco de México, que desconocían de origen, la existencia de esa iniciativa.
Quienes apoyan la reforma, sostienen que pretende quitar los elementos que entorpecen el flujo de divisas y que será en beneficio de los migrantes que envían dólares a territorio mexicano. Pero, por otro lado, hay muchas voces que se oponen porque la reforma pretende obligar al banco central a comprar los excedentes de dólares, que los intermediarios no puedan colocar en el exterior, dañando con estas y otras acciones la autonomía del banco, tan necesaria para sus funciones.
Entrar al tema de si esta iniciativa busca beneficiar a un banco en lo particular o puede propiciar un aumento en el lavado de dinero, es entrar en el terreno de la especulación y es mejor esperar a que los especialistas aclaren estas dudas en lo legal y en la operación.
Pero lo que se lee entre líneas es que les falló la forma a quienes tuvieron la idea, a quienes elaboraron la iniciativa y a quienes la impulsaron. La Constitución no dice, desde luego, que los legisladores deben asesorarse, consultar o cabildear sus intentos de reformar las leyes, pero una sana práctica es que los proyectos los elaboren las instituciones o dependencias que tienen que ver con la aplicación y ejecución de cada ley, que se pidan opiniones a expertos o bien que se abran a la opinión pública. Esto legitima la práctica legislativa.
Imponer una reforma sin consultar o sin encargarla al propio Banco de México, es ya una forma de violentar su autonomía. Y la manera como que se gestó el intento de reformas, independientemente que el fondo propuesto también vulnera a la autonomía, es una reiterada violación.
Siguiendo las frases mencionadas, queda claro que no se le preguntó a las personas adecuadas y necesarias, antes de presentar la iniciativa. Hasta el propio Presidente de la República tuvo que salir a justificar la propuesta, por la falta de cabildeo. En la institución nacional bancaria, no comparten las ideas. ¿A quién le preguntaron?, nadie lo sabe.
La obligación de los legisladores sin duda es aprobar leyes y sus reformas. Presentar iniciativas es una facultad que no necesariamente la deben utilizar. Si cada uno de los 628 legisladores presentaran una iniciativa en cada periodo de sesiones ordinarias, en el lapso de tres años se acumularían 3,768. No les quedaría tiempo para atender a las propuestas del Poder Ejecutivo, ni el resto de sus funciones.
Nuestros legisladores no son todólogos. Hay quienes dominan algunos temas de forma brillante, pero no pueden ni deben abordar contextos que no conocen, por la salud del andamiaje jurídico y por la positiva vigencia del estado de derecho. Si bien la Constitución establece la separación de poderes, la realidad es que se necesita de la conducción política para que los programas se conviertan en leyes. Legislar entonces, es una tarea de equipo en la que es mejor cuidar el fondo como la forma.
