¿Seguridad doméstica… de EU?
“Donde el río cambia de dirección”, llamaron los pueblos ópatas —con el nombre de Bavispe— este asentamiento situado a unas 90 millas de Douglas, Arizona. Fue incluido ya en el mapa del padre Kino en 1700 y erigido en municipio por el gobernador sonorense Rodolfo Elías Calles en 1931. En 2019 es campo de batalla sin ley entre bandas asesinas, y demandante —junto a tantos mexicanos y estadounidenses— de un cambio de dirección en la actitud benévola con los criminales del presidente López Obrador. La conmoción nacional e internacional del lunes por la crueldad del tormento y la carbonización de mujeres y niños de la familia LeBarón en aquellos parajes de la Sierra Madre Occidental, más la derrota de Culiacán en la costa sinaloense, 20 días atrás, exigen no insistir en la negación de una crisis del crimen fuera de control, visto por el actual gobierno como invento siniestro de la presidencia de Calderón y como coartada para la ausencia de una estrategia capaz de frenar a las bandas.
La evidencia parece clara. La no estrategia contra el crimen ha envalentonado a los criminales durante el primer año del nuevo régimen, mantiene en el terror a la población, humilla a las fuerzas armadas nacionales y ha vuelto a poner en alerta al gobierno de Estados Unidos, por tercera vez en tres semanas. De un tema de seguridad pública con que se quiso minimizar el problema al suprimir la Policía Federal y pretender transformar en policías a las fuerzas armadas, dentro de la Guardia Nacional, las acciones criminales lo elevaron a problema de seguridad nacional, mismo que, al expandirse, provoca la reacción de un Trump decidido a abordarlo como asunto de atención binacional o, de plano, como de política doméstica… estadounidense.
“Incluso para los estándares mexicanos de violencia, esto es horrorizante”, expresó el embajador Landau en un tweet en el que subrayó la nacionalidad estadounidense de las víctimas de Bavispe, compartida con la mexicana. “Estamos investigando”, anunció en Washington el Departamento de Estado. “Esto obviamente va a tener un impacto masivo en la relación México-EU”, anticipó CNN. “No pasará desapercibida (la matanza) —en el contexto de Culiacán y del eventual voto #TMEC— en Washington, tanto en la Administración como en el Congreso, con los legisladores mormones o los de estados con población mormona”, completó el exembajador mexicano en EU, Arturo Sarukhán.
A la guerra llaman
Faltaba Trump. Y a sabiendas del rechazo de AMLO a la guerra al narco, Trump estalló: “Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, haga la GUERRA contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la Tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su nuevo Presidente!” Y sí hubo llamada, pero igual que en la realizada tras el fiasco de Culiacán, quizás tendremos los detalles cuando los solicite el Capitolio, como ocurrió con las comunicaciones de la Casa Blanca con Ucrania. Por ahora está el tweet de nuestro Presidente, según el cual, dice, “le informé (a Trump) que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia”. Sin embargo, un reporte anunciado precipitadamente para anoche, quizás haya esbozado el tono de la respuesta de allá para acá a la tercera llamada tras el telefonema del fracaso ante la solicitud de detener y extraditarles a Ovidio Guzmán y el señalamiento del subsecretario de Estado, Rich Glenn, sobre la falta de estrategia de México.
Daños colaterales
Son altos los costos de las maniobras distractoras internas tras la caída de Culiacán, en pérdida de credibilidad, incluso de votantes de Morena, ante ataques a las libertades informativas, abuso de paleros en las mañaneras, delaciones y calumnias contra militares, y chapuzas del espionaje digital para inhibir la crítica en redes.
Profesor Derecho de la Información,
UNAM
