Estado, política y delito. El Centro de Investigación y Análisis de Medios (CIAM) dirigido por Regina Santiago advirtió una omisión presidencial altamente noticiosa.Pero sólo fue registrada, además de ella, por López Dóriga en su activo sitio de información en tiempo real. Entre una palabrería particularmente deshilvanada del presidente sobre el atentado contra el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch, no fue posible encontrar una sola condena abierta del mandatario a los gatillerros ni, al menos, a las bandas criminales en general. Tampoco la hubo del secretario federal de Seguridad. Acaso mencionó algo que sonó a atenuante de responsabilidad de los asesinos: que el crimen no iba contra el Estado. En el caso del mandatario, la exclusión discursiva podría ser consistente con su excéntrico slogan ‘abrazos, no balazos’ —ahora, tampoco condenas— para los criminales. Pero ese vacío también podría retroalimentar versiones de diferencias en el gobierno federal con el jefe policia atacado, porque adicionalmente AMLO centró su reconocimiento por la falla del ataque en la jefa de gobierno, sin aludir al policía herido, entre filtraciones para incriminarlo.
En un gobernante, la condena irrestricta a hechos criminales no sólo cumple un protocolo rutinario de cortesía y compasión con las víctimas y sus familias. Omitirla ante una trasgresión tan escandalosa es faltar a un compromiso fundamental con la Constitución y las normas que el mandatario juró cumplir y hacer cumplir. Y es también enviar un mensaje de desapego a la cultura de la legalidad a la que debe aferrarse el presidente en sus palabras y sus actos. Incluso si no hubo segunda intención en la condena omitida el viernes, sino un descuido, un despiste mañanero, como otros más, de todas formas el presidente parecía esforzarse desde la tele en dejarnos en una nube de irrelevancia ante el aparatoso espectáculo de violencia, con palabras vacías, de una antigua normalidad, o de rara indulgencia hacia los oficiantes de aquella orgía de las balas . En definitiva, la gente esperaría otra señal del jefe del estado en estos tiempos de miedo, angustia, empobrecimiento y confusión.
El problema es que, para nuestro presidente, hay que mandar a su finca de Palenque todo asunto que no deja votos, o no lo blinda ante el riesgo de perderlos, o simplemente lo distrae de sus planes abiertos y embozados de campaña rumbo a la siguiente elección. Por ello lo politiza y lo polariza todo. Trata de convertir el Covid en misil contra gobernadores no alineados; la quiebra de la economía, en arma contra bancos, calificadoras, inversionistas, negocios privados; el desbordamiento criminal, en guerra contra fiscales, jueces y funcionarios de ayer y hoy, como se telegrafió ayer a propósito de Ayotzinapa; el malestar social, en picota para periodistas; la resistencia institucional de algunos órganos autónomos del Estado, en espada de Damlocles contra INE, INAI, Suprema Corte, Banxico y otros órganos reguladores y garantes de derechos con autonomía del gobierno. No contra los cárteles.
Triple play. El primer mes de verano nos trajo la triple crisis, el primer triple play de la temporada contra el oficialismo. Tres crisis en una: 1) la mal gestionada emergencia sanitaria con credibilidad baja y a la baja; 2) el desplome de la actividad económica provocado inicialmente por decisiones presidenciales y luego en caída libre por la pandemia, y 3) la llegada de los cárteles criminales a la capital con todo y sus guerras sanguinarias.
Como más antes. Ya no es como antes, dice el presidente. Ha de ser como más antes: nadie recuerda un presidente confesándose obligado a liberar a un delincuente, ni una caída de 10 puntos del PIB, pero sí a un Gatell en la peste de 1918 coreando a Carranza.
Profesor en Derecho de la Información,
UNAM
