Opciones de Taddei. Todavía está bajo investigación la toma del Capitolio por las turbas de Trump en el intento fallido de hace 4 años de evitar la confirmación de su derrota y la proclamación de Biden como presidente de Estados Unidos. Tampoco Arturo Zaldívar, el anterior presidente de la Suprema Corte mexicana, logró salvar cara tras sus maniobras para cumplirle al presidente de la República sus deseos de hacer pasar por constitucionales sus leyes inconstitucionales. Como tampoco fue decoroso el (hasta ahora) interminable silencio del togado ante la campaña de injurias presidenciales contra sus compañeros del pleno de ministros, ni ante las presiones de AMLO en su extravagante capricho de prolongar, contra la Constitución, el periodo del propio Zaldívar como presidente de nuestro tribunal constitucional. Sin embargo, esas son dos maneras de someter poderes constitucionales y constituyen dos escenarios para el desempeño de la nueva presidenta del Consejo General del INE. Aunque no hay que descartar de entrada la opción a la mano de Guadalupe Taddei de unirse al prestigio de los modelos de rigor, rectitud y dignidad de los presidentes del ciclo Woldenberg-Córdova. O de insertar su gestión en la honrosa valoración del papel de la mujer en los más altos cargos públicos, como la de la respetable, ejemplar ministra Norma Piña en su primer trimestre como presidenta de la Corte.
Pender de un hilo. Uno o dos de los consejeros, unidos a los representantes disruptivos del partido oficial en el Consejo —y al contralor del órgano electoral, impuesto también por el oficialismo— son portadores de la violencia verbal de Palacio contra la autonomía de la institución. Apoyados por bases clientelares, podrían en determinados casos violentar físicamente la organización y el funcionamiento de este poder constitucional. Ya apareció un asedio turbulento contra el instituto y sus más altos exponentes, a cargo del partido del presidente, en respuesta al retiro del registro de un candidato impresentable a gobernador. Y en la circunstancia de la llegada de la nueva consejera presidenta a la tómbola que le dio su nombramiento, promovida por el régimen, se aúna otra vulnerabilidad: su pertenencia a una abultada nómina familiar inscrita en la burocracia gobernante. En otras circunstancias, esto revelaría poder e influencia, pero en la actual coloca a la integrante de esta afortunada familia en situación endeble. Ya logró el Ejecutivo la renuncia de un ministro de la Corte congelando las cuentas de los negocios de sus hermanos, negocios lícitos y al margen de las actividades jurisdiccionales. En esas condiciones, la ventura familiar pendería de la receptividad de la consejera presidenta a las presiones del régimen, con la consiguiente desventura de la objetividad de las elecciones, sujetas a la seguridad en el empleo de la familia.
Enigma. Movilización ciudadana, resistencia institucional, fortaleza de un poder relativamente independiente como el Judicial y entereza de algunos de sus miembros han dado una defensa notable de la democracia. Pero lo cierto es que su futuro inmediato sigue frágil. La conversión en definitiva de la suspensión provisional del Plan B de destrucción del INE pende de tres de cinco votos de una sala de la Corte en que votan las dos ministras más incondicionales de AMLO. Con uno más, se reanudaría la demolición de lo que ayer llamó aquí Woldenberg, la columna vertebral del Instituto: su servicio profesional. Y aunque la nueva presidenta del INE se comprometió a mantener la calidad de nuestra democracia, también abrazó como “clamor de la sociedad” la engañosa narrativa presidencial de que el propósito del Plan B es de austeridad, cuando la principal víctima del castigo presupuestal del plan es precisamente el servicio profesional. Un enigma.