Destructividad y cinismo. El actual paro indefinido, sin precedentes, de jueces y magistrados, abre una primera llave a la acumulación de tensiones agravadas por la determinación del Presidente de traspasar, uno a uno, los límites a la concentración y el abuso del poder presidencial, fijados en tres décadas de construcción democrática. Adicionalmente, la respuesta de ayer del Presidente remarcó un inquietante autorretrato de personalidad autoritaria, el concepto acuñado en 1950 por Theodore Adorno, a la cabeza de académicos de la Escuela de Frankfort. En una primera etapa estudiaron ellos una serie de predisposiciones sicológicas al fascismo. Y un desarrollo ulterior del concepto investiga ese fenómeno en los populismos de hoy, arrolladores de instituciones democráticas, como su antecesor. Destructividad y cinismo son algunos de los rasgos que destacan los estudios. La destructividad salta a la vista en el vértigo devastador del estado democrático liberal emprendido por el Presidente. Y el cinismo aparece cada vez que lanza condenas a otros por lo que él mismo está perpetrando. El lunes, por ejemplo, dijo que los críticos de su iniciativa para desarticular al poder judicial y controlar sus funciones desde Palacio, lo que quieren es “tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros”.
Traspasar los límites: claustrar la esperanza. De hecho, con la devastación constitucional en proceso, el imperio del Presidente saliente plantea su extensión no solo al siguiente sexenio, sino a la siguiente generación. Pero volviendo con las tensiones acumuladas, a 40 días del término del periodo constitucional de López Obrador, la tirantez que se respira no es ajena al propósito intencional y públicamente evidenciado por AMLO, de transponer los inexcusables lindes temporales al ejercicio del poder presidencial, establecidos en la Constitución y una arraigada cultura política nacional. Se trata del principio de renovación de poderes, que el Presidente insiste en violentar con su comportamiento cotidiano, que insiste en dejar ver una vasta operación invasiva del periodo correspondiente a la Presidenta electa. El problema es que la estricta renovación sexenal del poder en nuestro país ha sido pilar de una estabilidad política de 90 años. E histéricamente se identifica en el imaginario social con renovación de esperanzas. Su violación envía a los agraviados de un sexenio —como los integrantes del Poder Judicial, entre otros muchos— el mensaje dantesco de “perded toda esperanza”. Y la desesperanza empieza a enrarecer el ambiente y a liberar estas tensiones que podrían irrumpir en las siguientes semanas, previas al límite histórico constitucional del periodo presidencial de López Obrador.
Los derechos como problema. En suma, el presidente López Obrador considera los derechos constitucionales, con sus instituciones garantes, como 'problemas' que reclaman una 'solución final': el exterminio, dicho esto sea sin pretender un desproporcionando paralelismo con la así llamada “solución final” del llamado “problema” judío en la Alemania nazi. Pero las tensiones —liberadas o soterradas— derivadas de esa ‘solución’ no se aliviarán con el simple paso del tiempo. Se agravarán. Lo veremos a partir de pasado mañana si el Consejo del INE, crecientemente cooptado por AMLO, reduce a la insignificancia la pluralidad en el Poder Legislativo, resolviendo por la brutal sobrerrepresentación del régimen en el Congreso y su correspondiente supermemoria para despedazar la Constitución. O el lunes, en que una diezmada comisión de una agonizante legislatura aprueba un dudoso dictamen de aberrantes reformas constitucionales para ser aprobado por una supermayoría derivada de aquella sobrerrepresentación, a fin de cumplir con la fecha de caducidad de la independencia Judicial ordenada.
Académico de la UNAM