¿Guerra de órganos del Estado? Ocurrencia matutina del presidente de suplantar al INE o instrucción de verdad o simple finta del presidente del partido oficial, para que sus legisladores aceleren la separación de sus cargos de los miembros electos del Consejo General del INE, a través del juicio político, ambos hablan de usurpar o disolver en la práctica un órgano autónomo del estado. Aparte de lo ridículo de los supuestos cargos contra los consejeros del INE: apegarse estrictamente a la ley en el proceso de revocación del mandato presidencial, los pasos propuestos atentarían contra un poder clave del entramado institucional de la democracia: el árbitro electoral independiente.

¿Golpismo verbal? Y sea que no lo entiendan estos personajes —y si lo entienden, peor—, el alcance de esas afirmaciones equivale a proponer un golpe contra uno de los poderes del Estado, se trate de los tradicionales o de los nuevos órganos constituidos como refuerzos a los frenos y contrapesos de la República. Sería como cuando un dictador suplanta o disuelve un Congreso adverso o una Corte independiente. Si fuera proyecto no ocurrencia del presidente, o instrucción y no finta del líder morenista, estaríamos en ruta franca a la dictadura. En todo caso, se trataría de golpismo verbal en lindes peligrosos del muy real frente de batalla de un jefe de Estado en guerra contra órganos del Estado constitucionalmente autónomos.

Autoritarismo plebiscitario. Mientras en unos casos el presidente ha disuelto de un plumazo órganos autónomos, en otros el método ha consistido en colonizarlos con incondicionales del Ejecutivo en sus órganos de decisión. En otros más, como el Banco de México y el Inegi parecería seguir un proceso de captura más lento, gradual y cauteloso, para evitar mayores turbulencias. Pero, ya sea producto del cálculo presidencial o del azar, lo cierto es que, en el accidentado proceso en curso de revocación de mandato del presidente, éste parece obedecer al doble propósito de sacar todo el provecho del ejercicio desde una perspectiva conocida como autoritarismo plebiscitario, y a la vez emprender el asalto definitivo contra el Instituto Nacional Electoral.

Terreno minado. El presidente y los suyos sembraron de minas el proceso de revocación. Insuficiencia presupuestal con campaña de mentiras sobre una supuesta suficiencia, señuelos presidenciales para que el INE instale menos casillas que las señaladas por la ley —sólo para las que le alcance— para luego acusarlo de violar el precepto que ordena abrir el mismo número de la elección anterior. Siguió la embestida tumultuaria de gobernadores, alcaldes y legisladores morenistas contra la suspensión del proceso por el INE, antes que incurrir en responsabilidades por continuarlo, incumpliendo la ley. Y en la retórica oficial, si el ejercicio culmina a satisfacción de su inconstitucional promotor, el presidente fabricará la versión de un INE derrotado por el pueblo en sus supuestas maniobras para obstaculizar el proceso. Y si sale mal, ya está construido el culpable sentenciado a desaparecer.

Revocatorio chavista. Dependerá de la Corte, del Tribunal Electoral y de la oposición parlamentaria la salida de este enfrentamiento, que podría desbordarse en crisis constitucional. En todo caso, quedará el mal sabor de un ejercicio de autoritarismo plebiscitario no promovido por la ciudadanía, como ordena la Constitución, sino fraguado desde el poder para blandir una voluntad popular no solo contraria a la revocación sino en favor de lo que el presidente y sus huestes promueven —equívoca e ilegalmente— como ratificación del mandato y aval de la población a su desempeño. Como en el revocatorio de 2004 de Hugo Chávez, que lo mantuvo en la presidencia hasta su muerte, en 2013.