Energía y revocación: tregua y escalada. El involucramiento, el domingo, del secretario de Gobernación y de las fuerzas armadas, vía la Guardia Nacional, en la violación, pública, flagrante de la Constitución, cruzó un lindero de alto riesgo en la revuelta del presidente contra nuestra Carta Magna. Hay una mezcla de ignorancia y desvergüenza en el desconocimiento y la burla de las normas constitucionales como potestad del poder, sus secuaces y sus sueños milenaristas. Ayer quedó en suspenso en la Corte la declaración de constitucionalidad, o no, del decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. El jueves se sabrá si cuatro ministros deciden dar otro golpe a nuestra ley fundamental: si invalidarán sus preceptos superiores (en la jerarquía de las leyes) para convalidar una violatoria legislación secundaria. O si ocho ministros logran una tregua en esta revuelta contra la Constitución acaudillada por López Obrador.
Desconocer la Ley Fundamental. Por lo pronto asistimos a una escalada en la revuelta con el giro impuesto al ya viciado proceso revocatorio, en irremediable degradación por las sistemáticas violaciones constitucionales cometidas por la plana mayor del régimen, incluyendo el uso delincuencial de recursos del Estado. La revuelta se expresa también en la nación tapizada de propaganda inconstitucional en favor de la continuidad del presidente. Le siguen palabras y actitudes de sistemático desacato, acoso, intimidación y desafío del presidente —ahora, con su alter ego de Gobernación— a las normas constitucionales aplicadas por el INE y el Tribunal Electoral.
Poderes sometidos. Acompañan la revuelta los otros dos poderes de la República. Primero, la Corte avaló la alteración del texto constitucional perpetrada por los diputados oficialistas para incluir la opción —no constitucional— de continuidad del presidente, en la pregunta de la revocación. Luego, la mayoría oficialista del Congreso emitió un decreto ‘interpretativo’ para anular la prohibición constitucional de hacer campaña a los funcionarios.
AMLO: ¿Juárez o Comonfort? Estos —y otros— hechos colocan al presidente a nada de desconocer la Constitución en partes medulares del pacto social: el acuerdo por la democracia y una moderna inserción en la economía mundial. Con las asonadas contra una u otra carta constitucional que poblaron el primer siglo de México, hay un dato que puede resultar familiar a los tiempos que corren: el autogolpe del presidente Comonfort, adherido a los conservadores de Tacubaya para desconocer la Constitución liberal de 1857. La veneración de Juárez proviene de la lucha de una década del prócer hasta la restauración de la república y de la constitución liberal, profundizada por las leyes de reforma emitidas en la guerra civil. Ojalá los liberales de este siglo tarden menos en restaurar —sin guerra civil— la república constitucional democrática, hoy rumbo a su inhabilitación por un desenfrenado poder autocrático.
Golpe final. Por lo pronto parece claro que, una vez resuelta la batalla entre el control del Estado y las condiciones de mercado en la generación de energía (auspiciadas hasta ahora por la ley suprema), la revuelta contra la Constitución se concentrará en sus preceptos e instituciones garantes de la preservación y el desarrollo de nuestra democracia. El proyecto presidencial de desmantelar —por vía plebiscitaria— nuestras estructuras democráticas: aniquilar al árbitro electoral autónomo, el INE, y al autónomo Tribunal Electoral —y devolverle al presidente el control de las elecciones y el poder de perpetuarse, por cualquier vía— abatiría el principio que nos constituye “en una república representativa, democrática, laica y federal”: el golpe final contra la Constitución.
