A José Sarukhán, creador de otra obra insigne hoy devastada.
Medios: estrategia punitiva. La batalla por los derechos de las audiencias a contar con información independiente de los poderes, de calidad, oportuna y plural se inició en México hace décadas para enfrentar un poderoso complejo político empresarial de control de los medios. Al monopolio del poder político correspondía el monopolio del poder para fijar los temas y los términos de la conversación pública, el modelo a seguir, anacrónicamente, por el régimen actual. Aquel complejo ciertamente comprendía una serie de resortes de dependencia o connivencia de medios y poderes. Y por esa vía se degradaba la calidad de las noticias, fusionándolas con comentarios propagandísticos del establishment. También se ocultaba, postergaba o dosificaba información en detrimento del derecho a saber con integridad e inmediatez. Y asimismo se uniformaba la presentación de los giros noticiosos y analíticos en un solo sentido, el favorable a aquella colusión de intereses, en detrimento de la pluralidad, exactamente en la ruta marcada por el presidente. Sólo que, en efecto, no somos iguales los mexicanos, no los medios de hoy a los del pasado. Pero el vacío legal dejado el lunes por la resolución de la Corte que invalidó la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión —y su directriz al Congreso de reponer el proceso legislativo impugnado— le despejan el camino a la mayoría oficialista para imponer, en nombre de los derechos de las audiencias, aberraciones de corte dictatorial, anticipadas, ya por legisladores del grupo parlamentario del presidente. Los términos planteados en estas propuestas para recapturar por el poder político la dirección de los contenidos de la radiodifusión (incluyendo la televisión) resultan, más que regresivos, sistemáticamente represivos, punitivos contra informadores y empresas informativas. Se parecen más a la censura que ejercían en las redacciones de los periódicos los agentes de los regímenes totalitarios. Veamos.
Censores con piel de defensores. Menos que defender audiencias, se trata de proteger al presidente del ejercicio de las libertades y los derechos informativos. La vía: silenciar —con la amenaza de sacarlos del aire y de sanciones pecuniarias ruinosas— a medios comerciales que dejaron —o a los que dejó— la tutela del Estado y sirven ahora a un mercado de audiencias ávidas de información y enfoques alternativos a la prédica oficial, así como a anunciantes necesitados de promover sus productos en públicos masivos y activos. Se trata de una mutación —operada en las últimas décadas, con la transición a la democracia— del antiguo complejo o político empresarial de control de los medios, que el régimen actual se propondría reeditar con el arma adicional de la fuerza coactiva del Estado. El resultado sería el mismo: una comunicación pública subordinada al poder, con flujos dominantes de información degradada por la obediencia a la narrativa oficial, dosificada desde Palacio y uniformada y excluyente de la pluralidad. Con el lenguaje moderno de la defensa de las audiencias —y en supuesta afinidad con los grupos civiles que lograron incorporar sus derechos a la ley de 2014, y echar abajo la reforma de 2017 que los acotaba— las propuestas oficialistas utilizan el principio de no con-fundir información y comentario, como puerta de entrada a mecanismos de censura y de obstrucción del libre debate público inéditos, incluso en una historia, como la nuestra, plagada de formas de control y censura indirecta.
Radionovela. Llegan —en presencial o digital— a las cabinas de radio y a los estudios de tele. Se acreditan: defensores de las audiencias. El conductor descubre, como comentario propio, la falsedad de ‘otros datos’ del YSQ. Suspenso.
