¿Ira por la suspensión provisional?: Pánico por la definitiva. La declaración de guerra contra el juez que dispuso la suspensión provisional de la ley de la industria eléctrica parecería un movimiento desesperado del presidente y a la vez una oportunidad de refrendar su poder sin límites. Sí, un poder reconcentrado como jefe supremo del Ejecutivo, como supremo legislador que ordena convertir en ley, sin quitarle una coma, a una iniciativa inconstitucional, y como juez supremo, por encima del Poder Judicial, que aplasta al juzgador que dictó la suspensión provisional de esa normativa, justamente por ser inconstitucional. Pero si esa suspensión provisional provocó la ira presidencial, la suspensión definitiva a resolverse pronto parece causar pánico. Y el pánico es mal consejero. De allí el movimiento desesperado para evitarla, mediante la intimidación a jueces, magistrados y ministros. Y es que, si logra evitar esa suspensión, el Ejecutivo podría poner en vigor la ley como hecho consumado, irreversible para cuando se resolviera el amparo. (Todavía no se resuelven los provocados por otras normas inconstitucionales impuestas a principios del gobierno).
En cambio, para el propio juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien dictó otras suspensiones aún después del ataque del presidente, para otro juez que se ha atrevido a dictar otras más y aún para la organización que agrupa a los jueces y magistrados del país, el caso se ha convertido en la prueba de fuego para sostener e incluso recuperar la independencia del Poder Judicial frente a un Poder Ejecutivo contrario a los contrapesos, renuente a la rendición de cuentas y reductor del Estado de Derecho a la condición de “excusa”. El presidente le da la razón al ministro en retiro José Ramón Cossío, en el sentido de que nuestro gobernante no entiende el Estado de derecho, cuando reacciona como si fuera agravio personal —o como traición a la patria por intereses espurios— ante el acto de independencia de un juez, y cuando aprovecha el viaje para embestir sin venir a cuento a un grupo de actores de la sociedad civil que ejercen sus derechos constitucionales. En juego, como están, los avances de las últimas décadas en el equilibrio de poderes, este episodio puede ser determinante para la convivencia democrática.
‘Sospechoso’, el juez que ¡ampara particulares! Otra evidencia de la confusión presidencial en este punto (sintaxis, aparte) la ofrece el propio presidente en esta frase: “Sería el colmo de que el Poder Judicial estuviese al servicio de particulares”. Es la sospecha activa contra todo poder autónomo y es la fobia a los particulares —más la no tan velada amenaza previa de acusar de traición a la patria a los abogados de esos particulares— que desafían, por vías legales, las decisiones de la autoridad. Pero el Poder Judicial, a través del juicio de Amparo, está para amparar y proteger a las personas, sí, a los particulares, víctimas de la conculcación de sus derechos constitucionales por actos de autoridad. Acusar a un juez de garantías de estar “al servicio de particulares”, es perseguirlo por cumplir su cometido.
Malo, que estuviera al servicio de las autoridades. En este sentido el Amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos de las personas para protegerse de los actos de las autoridades responsables de violarlos. Malo, que los jueces de amparo estuvieran al servicio de las autoridades, como parecería exigirlo López Obrador. El último párrafo de la comunicación oficial del Ejecutivo al presidente de la Corte, para que se investigue al juez Gómez Fierro, parecería dar por hecho que la justicia federal tendría que guiarse por las fobias personales y la ideología contra los particulares del presidente, y no por las normas jurídicas del derecho nacional e internacional.
Profesor de Derecho a la Información. UNAM