Instituciones y cargos públicos como patrimonio personal. Estamos ante la más trascendente privatización de cuantas se hayan realizado en el país, incluyendo las privatizaciones de la ‘era neoliberal’. Se trata de la privatización integral del ejercicio absoluto del poder. Vivimos días plagados de evidencias de la aplicación plena del concepto de patrimonialismo como caracterización esencial el régimen del presidente López Obrador. De acuerdo con los estudiosos del tema, ya se trate de regímenes de perfil oligárquico o autocrático, como el mexicano actual, el gobernante en esta cultura política no distingue entre patrimonio personal y patrimonio público. Rige sobre las instituciones y sus servidores y resuelve sobre los asuntos y los recursos del Estado como si formaran parte de su propiedad personal. De lo más destacado del mes en este rubro, el escandaloso apañamiento delictivo, perpetrado por AMLO, de la información fiscal y de inteligencia financiera, en custodia del gobierno —impensable en la práctica gubernamental moderna— para convertirla en proyectiles de su ejército personal contra el reto democrático de Xóchitl Gálvez.
Liquidación de tribunales y ruina infantil y adolescente. Como estructura tradicional de dominación (Weber), el patrimonialismo se reproduce de arriba a abajo: del presidente imperial, o el emperador absolutista o el sultán, hasta el último servidor del reino. Y en este tenor ataca ahora en Oaxaca un gobernador fiel que dispone del Tribunal de Justicia Administrativa como de un traste prescindible en su inventario doméstico. Y lo elimina y se manda confeccionar otro y nombra a sus integrantes como quien recluta al personal de servicio de la casa. Pero también aparece un oscuro burócrata de cuarto nivel en la Secretaría de Educación Pública, con poder patrimonial —escriturado desde Palacio— para privatizar la formación de las nuevas generaciones, al servicio de fantasías particulares: políticas, históricas e incluso de aproximación a la vida sexual de niños y adolescentes. Todo, a costa de privarlos de destrezas básicas en matemáticas, lectura y escritura. Adueñado de un presupuesto público multimillonario, elabora en virtual clandestinidad los libros de la llamada ‘Nueva Escuela Mexicana’, al margen del mandamiento constitucional de contar con programas consultados con los gobiernos estatales, los especialistas y demás actores involucrados. Y en el extremo patrimonialista, los manda imprimir y distribuir por millones, en desacato de una suspensión judicial definitiva. Por si algo faltara, esta semana empezó a circular una guía para los maestros de secundaria con una lista, también inconsulta y controversial, de supuestos nuevos próceres de la patria.
Eunucos vs. mandarines. Tanto el autócrata mayor como sus subalternos en las siguientes escalas suelen contar con la disposición patrimonialista de burocracias políticas y judiciales (legisladores, fiscales, magistrados) y de burocracias administrativas (operadores, ayudas de cámara). Pero la estructura patrimonialista de dominación ha llevado consigo, a través de los siglos, la semilla de los conflictos por el poder entre leales y competentes. Propiedad patrimonial del autócrata —fuera de la alusión sexista que homologa ausencia de valor con carencia simbólica de órganos sexuales masculinos— los eunucos de la Corte en la China Antigua eran los leales, considerados en el palacio imperial más confiables que los mandarines: los funcionarios eruditos de dos milenios atrás. Éstos serían los expertos de hoy, aislados por los incondicionales ¿leales como los eunucos? de Palacio Nacional.
Mezcla. Sorprende el cotejo de una tradición milenaria con la mezcla patrimonialista de AMLO para su selección de personal: 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad.