Jueces autorizados por el pueblo. La cantidad de horas dedicadas en meses por el presidente a promover desde Palacio su no rifa del avión presidencial, no alcanzó para interesar al mexicano común en la compra de cachitos. Y ni las artimañas usadas para la recolección de firmas por enjuiciar a los expresidentes sirvieron para obtener el millón 800 mil requerido. Ello, a pesar del interés reiterado día a día por el mandatario en esta pantomima electoral presentada como gesta “justiciera”. Y a juzgar por numerosos testimonios en redes de quienes se acercaron a los puestos de captura de firmantes para juzgar exmandatarios, las irregularidades reportadas hubieran llevado probablemente a invalidar buena parte de las firmas antes del cómputo.
Estas muestras podrían indicar una pérdida de punch en la capacidad de convocatoria del mandatario. O un llamado de atención al gobernante para que gobierne, que resuelva los problemas que se le salen de control, y se deje de inventar más trucos de campaña. Por lo pronto, tras una referencia vaga a que “tenía información” de que sus huestes obtuvieron 2 millones de firmas, dijo que no quería “correr riesgos” y por eso ejercería, él mismo, su facultad de solicitar la consulta popular sobre los expresidentes. Pero es el caso que la solicitud entregada ayer en el Senado, con su respectivo proyecto de pregunta al pueblo, pretende someter a votación popular si se investiga y en su caso se sanciona “la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes… antes, durante y después de sus respectivas gestiones”: una extravagancia violatoria de los derechos de todo individuo a la presunción de inocencia y al debido proceso, a salvo de pasiones, manipulaciones e intereses electorales.
Es más, tal como está formulado el proyecto de pregunta, si la Corte llegara a avalarla no sólo confirmaría los peores temores de un regreso a su subordinación al Ejecutivo, sino que estaría supeditando el ejercicio de las competencias del Poder Judicial que encabeza, así como las de la Fiscalía, a que una votación les permita o no que investiguen y en su caso sancionen, en este escenario, a los responsables de delitos. Obviamente, ni la Fiscalía ni los jueces requieren de esa “autorización del pueblo” para actuar conforme a derecho.
Más político que legal. Lo que quizás hace más aberrante la petición del mandatario, es su exposición de motivos: no va más allá de repetir, ciertamente mejor hilvanados, redactados, los cuestionamientos de las mañaneras a sus antecesores: un texto útil como guión para los discursos de campaña. Así lo asume y reconoce el mandatario cuando sugiere que una consulta como la pretendida sería un acto político, más que legal.
En efecto, la mayor parte de los “cargos” imputados por el actual a cada uno de los cinco expresidentes, más que indicios de conductas delictivas, enlistan resultados electorales que no lo favorecieron y estrategias, políticas públicas y decisiones coyunturales que le disgustan: privatizaciones, apertura económica al exterior de Salinas; el discutible pero difícilmente punible, en sí, rescate bancario de Zedillo; alguna fanfarronada, presentada como autoincriminatoria, de Fox; la polémica guerra contra el narco de Calderón y los dudosos señalamientos de Lozoya contra los más altos funcionarios del sexenio pasado, a cambio de su impunidad.
(In)oportunidades. Inoportunas, por decir lo menos, las incriminaciones al pasado del aumento de la pobreza con los datos en este rubro del actual gobierno, o de la violencia desbordada de antes, con el record de homicidios de hoy. También, las referencias a la corrupción de la era neoliberal, el mismo día en que el WS Journal da por liquidada la lucha anticorrupción de AMLO por los casos de las redes familiares de su entorno.
Profesor de Derecho de la Información, UNAM
