Al pie de la horca. No se aprecia voluntad de diálogo del régimen con los críticos y opositores a la iniciativa presidencial de contrarreforma eléctrica. Sólo abundan difamaciones y descalificaciones en respuesta a todo cuestionamiento al proyecto oficial. Para el presidente, los cuestionadores forman parte de los oscuros intereses de un modelo económico y un empresariado al pie de la horca por sus supuestos (no probados) latrocinios a la empresa estatal de electricidad y al fisco. Tampoco deja espacio el régimen a una deliberación parlamentaria —un deber de los cuerpos legislativos— para ponderar hechos y argumentos de derecho antes de tomar decisiones de la gravedad de la presente.
Rutas de escape ¿clausuradas? Menos parece abierto el régimen a la negociación para encontrar rutas de escape de esta hora del juicio final marcada por el poder supremo contra la competencia, el mercado, los órganos reguladores autónomos y las energías limpias: rutas de escape, hoy por hoy clausuradas, para alejarnos del salto al vacío que ven los especialistas en la determinación oficial. Y precisamente para eludir la negociación —en términos parlamentarios— con los legisladores de partidos de oposición de quienes depende el curso de las modificaciones constitucionales propuestas, el Ejecutivo optó, en cambio, por poner en marcha dos dispositivos que podrían poner a su alcance esa mayoría calificada. Y de paso podrían terminar con las expresiones inequívocas de la pluralidad alcanzada por la sociedad mexicana en las últimas décadas.
En el blanco. Estos baluartes del pluralismo, blancos a derribar por los dispositivos presidenciales ya activados, son, por una parte, un vivo, rico y libre debate público hasta hoy mayoritariamente contrario a la contrarreforma. Y, por otra parte, el mandato de las urnas de junio pasado a buena parte de legisladores electos para contener, conforme a sus promesas de campaña, los excesos legislativos impuestos por el régimen y su abrumadora y tramposa mayoría en la primera mitad del sexenio. El primer dispositivo, practicado sistemáticamente por el mandatario se basa en la estrategia que dio celebridad de gran comunicador al presidente Ronald Reagan. ‘Going public’, se bautizó.
‘Going public’ contra diputados remisos. En la estrategia ‘Going public’ el gobernante decide no negociar sus asuntos con el Congreso, sino que se dirige directamente al público para persuadirlo de la bondad de sus iniciativas y presupuestos a fin de que, una vez obtenida la aprobación del público elector, los legisladores se ven obligados a votar en el Congreso en el mismo sentido para evitar perder votos en la siguiente elección. Ése es el sentido de la campaña iniciada el lunes por el presidente, su gabinete, sus legisladores incondicionales, sus espacios en medios y redes y, desde luego, su plataforma multimedios de la mañanera.
Fiscales contra legisladores ‘vulnerables’. Pero el presidente no parece dispuesto a confiar todo a sus dotes de “gran comunicador”, a la Reagan. Y aquí entra el segundo dispositivo: ‘Fiscales contra legisladores vulnerables’, con el uso partidista de expedientes de presunta corrupción para someter a los dictámenes oficialistas a legisladores vulnerables por sus acciones y/o las de sus allegados.
Las calamidades no vienen solas. Si la alevosa campaña ‘Going public’ del presidente logra revertir la derrota inicial de la contrarreforma en el debate público y el PRI sucumbe a la extorsión por sus vulnerabilidades, la economía dará un salto al vacío, pronostica el especialista Enrique Quintana. Pero si eso ocurre, los mismos dispositivos se aplicarán a la extinción de INE autónomo y el salto será a un abismo dictatorial que, de acuerdo al Latinobarómetro, no ven mal entre la tercera parte y casi la mitad de los mexicanos.
