Sucumbir por la reforma y por la no reforma. A propósito de la iniciativa de reformas constitucionales del presidente de la República para abatir el sistema electoral más democrático y confiable de nuestra historia, el presidente del Consejo general del INE , Lorenzo Córdova, reiteró antier su punto contra la especie que pretende abrirse paso de la necesidad de la reforma. Sería para evitar que la democracia corra riesgos, dicen, en las determinantes elecciones de 2024. Y la verdad es que la democracia iría no al riesgo sino a la certeza de su eliminación si se le conceden hoy al presidente los puntos centrales de su iniciativa de demolición de un sistema político consensuado por todas las fuerzas políticas, incluyendo la encabezada por él. Por otra parte, es cierto que no es menor tampoco el riesgo de no acceder a la feroz reforma que pretende el ejecutivo. De manera que el reto para la democracia radica hoy en encontrar la fórmula de no sucumbir por la reforma constitucional ni sucumbir por vías de hecho tras resistirse a su liquidación por la vía constitucional.
Contar las pesadillas. Como para ilustrar el riesgo que correría la democracia de no acceder a la reforma de AMLO, y como lo ha sugerido un presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, si el presidente no logra eliminar al árbitro autónomo, restringir la competencia y reducir la oposición a un papel testimonial, no de freno ni contrapeso, AMLO tendría aún el poder de ir más allá de esa demolición negada por la vía constitucional, accionando vías de hecho. Puede llevar a sus últimas consecuencias el estrangulamiento presupuestal del INE con la complacencia de la Corte. Y con sus contingentes en el Congreso puede bloquear la elección del nuevo presidente del Instituto en 2023, así como el nombramiento de cuatro de sus once consejeros, para dejar así un INE sin recursos, descabezado y socavado por la intensa propaganda oficial contra el árbitro. Incluso, en el escenario de perder la elección con un INE así disminuido, el régimen usaría ese expediente para activar, desde la cabeza del Estado, la ruta de escape de desconocer la votación. Eso se llama autogolpe de Estado y sus escenarios serían ominosos, dolorosos sólo de nombrarlos. Pero en el pueblo me advirtieron que hay que contar las pesadillas para que no se hagan realidad.
Escalada contra la legalidad electoral. En estas condiciones de diálogo y negociación imposibles en el Congreso, en este clima de beligerancia y polarización extremas —diseñado por el presidente López Obrador — tampoco parecería oportuno siquiera emprender el procesamiento legislativo de la iniciativa, si se tratara de conjurar la crisis que se advierte si no hay reforma. Más bien se habla de la crisis constitucional que parecería cocinar el régimen para el caso de vislumbrarse perdido en las urnas, en el escenario de pesadilla antes registrado. Ir calentando más ese clima, este parecería el propósito de precipitar el herradero anunciado a sólo 16 meses del inicio del proceso electoral rumbo al 24. Y aquí no parece haber más fines que intensificar la corrosión del tejido político pluralista con un lenguaje de conflagración entre dos causas irreductibles y excluyentes, y con una escalada, que se presume definitoria, de la propaganda oficial contra las instituciones y la legalidad electoral vigente.
La iniciativa a contraluz. Además de innecesaria e inoportuna, en la aritmética parlamentaria resulta también inviable esta iniciativa contra el sistema democrático. En los números, su función parecería provocadora, desafiante del contrapeso legislativo surgido de las urnas de 2021. En el fondo, muestra el modelo de dominación política en curso. En la coyuntura, es un golpe distractor más frente al desastre de la gestión del gobierno.
