Adiós al querido doctor Alfonso García Aldrete. Consuelo para su amorosa doctora Tere Miaja y para Rodrigo, Gonzalo y Ximena
La Guardia y la prisión. Semana definitoria del proyecto de país del presidente. Está a un paso —precario, por inconstitucional— de reforzar el poder y la presencia de los cuerpos castrenses en el espacio público: un poder no alineado con la Constitución, sí con el presidente. A eso ha agregado el Ejecutivo la recuperación, en los hechos, del monopolio del ejercicio de la acción penal, por la abolición al nacer de la Fiscalía como entidad autónoma. Y, sin entrar a la atendible discusión de si la Corte podía o no declarar inaplicable un párrafo de la Constitución que contraviene las obligaciones de México en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el efecto de la resolución de mañana irá en el mismo sentido. O sea, dejará firme la prisión preventiva oficiosa, es decir, la prisión por adelantado mientras se investiga si se cometió una serie de delitos abultada a iniciativa de AMLO. Y así, el arma de la potestad de persecución de los delitos por razones políticas se recarga con la prisión sin juicio ni sentencia: más parque para la venganza política o políticamente redituable. Todo, al costo de ver multiplicados los prisioneros sin juicio en las cárceles mexicanas.
El cálculo de la inconstitucionalidad. En el caso del tránsito formal de la Guardia Nacional al Ejército, tan no se alinean el proyecto y los métodos del régimen con la Constitución, que la aprobación en curso de preceptos inconstitucionales fue iniciada por el presidente bajo el supuesto explícito —dicho en una mañanera— de que carecía de la mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución, a fin de superar la contradicción de su deseo de militarizar la Guardia con el actual texto constitucional. Incluso calculó en voz alta que, una vez aprobada por su mayoría simple, y cuestionada por su inconstitucionalidad, sería la Corte, la misma Corte que antes le obsequió con la constitucionalidad de las reformas inconstitucionales a la ley de la industria eléctrica, la que —pareció conjeturar— haría lo mismo ante una previsible acción de inconstitucionalidad.
Pierden civiles y militares. En los hechos, la Sedena ha dirigido la Guardia Nacional estos casi cuatro años, en que, como nunca, la vida en México ha sido alterada y, en algunas regiones, ‘gobernada’ por el crimen. Eso no cambiará con incorporar inconstitucionalmente a la Guardia al fuero militar. Lo que sí es que, a la vida en vilo de los mexicanos por la omnipresencia criminal, se agregará la zozobra de la presencia militar en las ciudades y en el campo. Una ley inconstitucional que faculta al Ejército a desempeñar funciones civiles terminará mal para el estado de derecho, para la seguridad pública que, se dice, se garantizará, para los derechos humanos de los civiles y para la funcionalidad y la imagen de los militares.
Militarizar ¿para qué? El poder expansivo adquirido por el crimen crece por la falta de estrategia y de voluntad para combatirlo. El problema se agrava si a la ausencia de estrategia y voluntad se agrega el paraguas protector de las reiteradas expresiones presidenciales de extraños apegos y una rara valoración del delincuente. La militarización de la policía —y de tantas zonas del gobierno civil— no eleva, por sí, la calidad de la gestión del Estado. Y, en el caso presente, no resuelve la inseguridad. Ni, quizás, se lo propone. De hecho, carece de sentido otorgarles el fuero militar a quienes desempeñan funciones civiles, si los militares deambulan bajo la orden de no hacer frente a las bandas criminales y de poner pies en polvorosa ante los primeros disparos de los delincuentes. Sí. El para qué de la militarización de espacios civiles está en otra parte.