Patrioteras. Aparentemente conjurado el riesgo de un destrampe patriotero que pusiera en riesgo la viabilidad económica del país, con otro golpe de demagogia contra el tratado comercial norteamericano, crece ahora el riesgo de un mensaje nacionalista de acentos militaristas que anuncien un golpe más a la vida en civilidad. Hay avisos ominosos. Con la Guardia Nacional, la Sedena es la super secretaría del gabinete. Y su titular violó con pocos días de diferencia al atropello del Congreso, otro precepto clave del entramado jurídico que puso fin a la inestabilidad del país hacia la primera mitad del siglo pasado. Fue al agradecerles al Presidente y a sus mayorías legislativas el atentado contra el texto de la Constitución para que el general secretario quedara, de facto -con reformas a leyes secundarias contrarias a la Carta Magna- al mando de la seguridad pública y de la Guardia Nacional. Esta vez, el alto jefe militar trasgredió el carácter no deliberante de las fuerzas armadas, con sus críticas -por lo demás, infundadas, imprecisas- a presidentes anteriores en la mira de la propaganda oficial tendiente a erosionar hasta la extinción las posibilidades de los partidos de oposición en 2024.
¡Fuego! Si nuestras fuerzas armadas tienen órdenes de no responder al fuego de los criminales, el general Sandoval parece tener la orden de unirse al fuego graneado de la campaña política beligerante, vociferante del Presidente contra potenciales opositores, lo que equivaldría a abrir fuego contra casi la mitad de la población que reprueba la gestión del actual gobierno.
Mapa de trasgresiones. Explícito el carácter no deliberante de las fuerzas armadas en constituciones de países suramericanos víctimas de sangrientos golpes militares, nuestra Constitución lo engloba en la norma de que “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Este precepto deja fuera las funciones deliberantes propagandísticas probablemente encomendadas al general, lo cual lo colocaría en situación de obediencia a su jefe, pero de desobediencia a la Constitución. Más explícita todavía es la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, con su tajante: “queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente”.
De política y cuarteles. “Todo intento de hacer penetrar la política en el recinto de los cuarteles es restar una garantía a la vida cívica y provocar una división de los elementos armados”. Así lo advirtió desde su toma de posesión el presidente Ávila Camacho, artífice del cambio de los militares a los civiles en la política y la administración. Lo dijo el ‘presidente caballero’ tras anunciar su convencimiento —basado en la experiencia del amago sedicioso de su rival, el general Almazán— de que “los miembros de la institución armada no deben intervenir ni directa ni indirectamente en la política electoral”. La oportuna cita proviene de un celebrado artículo académico de Soledad Loaeza, ‘La reforma política de Manuel Ávila Camacho’, enviado a mi compu por el siempre informado Alfonso Oñate. El problema está en que el actual presidente no sólo está llevando su política divisionista a los cuarteles, con todos los riesgos advertidos por Ávila Camacho, sino que está llevando los cuarteles a la política y la administración con personal destinado a desempeñar funciones civiles para las cuales no se ha preparado. gestión de botín, llamó Weber a esta forma de repartirse los cargos públicos entre los vencedores.
Incubación. El régimen autocrático de AMLO ha perdido todo recato legal en su proyecto de concentración y prolongación del poder. Esto último, por alguna de las diversas, riesgosas fórmulas —sucesorias o no— en incubación y a la vista de todos.