¿Consulta popular o tribunal de la opinión? La pretensión de culpar al INE —para justificar su eliminación— de la precaria afluencia de votantes en la consulta del domingo, no es más que la continuación de la narrativa del presidente al volver sobre su planteamiento de someter a consulta si se actúa o no contra los expresidentes. El objetivo es el mismo. En este caso, atribuir a sus antecesores los efectos ruinosos de muchas decisiones del presente. Entre las más dramáticas, la que mantienen el desabasto criminal de medicamentos, la minimización de la gravedad de la pandemia y el ocultamiento y la manipulación de los datos de contagiados, fallecidos y hospitalizados, de la primera a la actual ola de trasmisión de la variación Delta del virus en nuestro país.
Técnicamente la baja afluencia en las mesas receptoras pudo deberse en efecto a las confusiones provocadas por la deserción del presidente de la consulta que en un principio promovió con una pregunta violatoria de la Constitución. Ésta fue reemplazada con otra, de la Corte, de un alambicado sinsentido, que tornó más denso el humo de la confusión. Según la voz del presidente y su partido que los inducía a sufragar, los votantes lo harían por enjuiciar a los expresidentes, mientras la papeleta de la mesa receptora preguntaba otra cosa: más o menos, si se estaba de acuerdo en esclarecer las decisiones de los actores políticos del pasado.
Pero al lado de esas pifias técnicas, el presidente tampoco parece advertir la creciente distancia de hoy de su cantera de votantes de 2018. Se trata, al parecer, de un rechazo incubado en estos años a un ejercicio del poder que, al llegar a la consulta, ésta se percibe como un señuelo para monopolizar en la persona de López Obrador, los espacios determinantes de la vida pública y marginar las opciones de la competencia democrática. Ciertamente, el ciudadano no vio en su mayoría, algún incentivo para dedicarle el domingo a una consulta que en nada o muy poco lo involucraba. Pero muchos, además, pudieron ver una desnaturalización de la flamante figura de la consulta popular, habilitada como tribunal de la opinión pública, instalado no en paralelo, sino sobre los tribunales de derecho, con efectos de erosión de los derechos, las instituciones y los procesos de la democracia.
El calendario electoral como plan de gobierno. El alejamiento de las urnas del 93 por ciento de la lista nominal de electores parecería exigir más explicaciones que las basadas en las fallas de comunicación, que sin duda contaron. Más allá de la abultada acumulación de afirmaciones falsas y engañosas del presidente y otros funcionarios sobre el bienestar de los mexicanos, los datos duros y las vivencias cotidianas de multiplicación de la pobreza, del persistente desempleo, la morbidez ambiente por el nuevo descontrol de la pandemia y el desabasto de medicamentos, la inseguridad que se sufre, se respira y se conversa, a manos del crimen organizado y desorganizado, todo ello se vive en calles, caminos y viviendas como una precarización del país y de la vida del mexicano común. Sin embargo, la narrativa presidencial permanece desconectada de esa agenda viva de la gente, con el efecto de la desconexión de la gente de la agenda presidencial, limitada a su consulta, su próxima comisión de la verdad y su siguiente referéndum revocatorio. No se ve un plan de gobierno con los escenarios borrascosos a la vista en México y el mundo.
Referéndum consagratorio. Sólo se ve un calendario electoral congestionado, una campaña permanente con giras casi diarias cotidianas de promoción personal y con comisiones de aniquilación del pasado en preparación de un referéndum no revocatorio, sino consagratorio, que en 2004 Hugo Chávez llamó ‘reafirmatorio’ y lo avaló en el poder hasta su muerte.
