La lata de enseñar, tarea secundaria. En el debate sobre los nuevos libros de texto resulta bochornoso registrar el desprecio radical a la función educativa por parte del presidente y sus porristas. Para la SEP, a juzgar por sus resultados, la obligación esencial del Estado de hacerles llegar conocimientos básicos a los niños resultó ser una lata, una tarea secundaria encargada, por tanto, como lo mostró Carlos Loret en Latinus, a una cuadrilla de ideólogos de manual ajenos a cualquier noción de pedagogía, a la menor experiencia editorial, a alguna aproximación con el mundo académico, indispensable para asegurar mínimos de rigor en el manejo de los diversos campos disciplinares. Y es que su encargo fundamental fue el de hacer de esos libros vehículos de culto al gobernante y ocasión para darle cuerda sus obsesiones. Entre ellas, la elección de 2006 y un proyecto político maniqueo —explícito en los nuevos libros— de desarticulación social en una estrategia de conservación del poder a perpetuidad.
De la oposición al consenso. Por eso al presidente tampoco le importa el alud de barbaridades conceptuales, numéricas, pedagógicas, editoriales volcadas en las páginas de los libros. De hecho, no se conoce una sola refutación a los señalamientos de los centenares de disparates impresos en los libros. Sólo fantasías sobre la participación multitudinaria de maestros en la elaboración de los libros y estigmatizaciones a quienes enderezaron su inconformidad a través de tribunales. Entre las falacias con las que se ha pretendido eludir la rendición de cuentas sobre este desastre está la de equiparar la oposición a los libros de texto gratuitos de 1960, con la inconformidad actual. Pero si hace 63 años la oposición conservadora fue contra la existencia misma de aquellos libros, desde hace décadas, hasta hoy en día, nadie se manifiesta, al menos públicamente, contra los apreciados libros de texto gratuito: un consenso duradero construido a través de reglas claras de acatamiento general.
Del consenso a la crisis. Fue el desacato, de principio a fin, a la Constitución y a la Ley General de Educación, y, más tarde a una suspensión judicial, lo que propició los esperpentos educativos y editoriales presentados como ‘nueva familia de libros de texto’ de la ‘nueva escuela mexicana’. Allí se gestó la actual crisis del sistema educativo, en camino de extenderse a una crisis mayor —con implicaciones en el sistema federal— al sumarse ya cuatro estados a la suspensión dictada por el Poder Judicial. Es una crisis con potencial de expandirse otros espacios de la vida mexicana si se deja correr por la ruta de la colisión y el caos a que apunta el inicio del ciclo escolar, este fin de mes.
Violación del consenso. Todavía ayer el presidente embistió a los gobernadores y a la gobernadora de los estados que acataron la orden judicial de no distribuir los libros. Y dijo algo así como que ¡“al margen de ese proceso legal”! él —el Ejecutivo— tiene la facultad de elaborar los libros, de acuerdo con la Constitución, como si la propia Constitución no estableciera las reglas a que el Ejecutivo debe someterse, mismas que ahora fueron violadas, lo que dio lugar a la suspensión definitiva dictada por una jueza. Sí. La derecha se opuso a la existencia misma de los libros hace más de medio siglo. Pero hoy gozan de un consenso de izquierda a centro y a derecha, siempre y cuando se ajusten a la ley, que ordena que deben responder a programas educativos vigentes, no como los de hoy. Y que se realicen las consultas señaladas por la Constitución, en contraste con la clandestinidad en que ahora se elaboraron, y garantizando la entrega en tiempo de ejemplares en las aulas, una vez cumplidos esos requisitos. Tanta arbitrariedad podría estar configurando la crisis que viene.