El mensaje de las ‘purgas’. Marca un hito en el uso de la persecución judicial como herramienta de disuasión y escarmiento políticos, el aval de legalidad y justicia decretado por el presidente al gobernador y al fiscal de Veracruz, a propósito de la aprehensión —aparentemente, sin pruebas— del más cercano colaborador del líder senatorial de Morena, Ricardo Monreal. (Éste, explícito aspirante a la presidencia sin la bendición de AMLO). Hasta la semana pasada el recurso sólo se había aplicado en este gobierno contra adversarios y opositores. Hoy parece un mensaje de advertencia de ‘purgas’ en sus propias filas, ante todo atisbo de desobediencia o indisciplina de cara a los designios del presidente para gestionar la próxima caducidad de su periodo constitucional y eventualmente su sucesión.
De la negociación al chantaje. Aunque no en la escala de la dictadura de Nicaragua, que el México de AMLO saludó el lunes tras la quinta ‘reelección’ del dictador, ni en los récords de los demás modelos del nuevo y el viejo autoritarismo latinoamericano, ya se lleva en México un registro de perseguidos y presos políticos atribuibles al régimen de López Obrador. Se trata del uso o la amenaza del uso de la persecución penal para inhibir o inhabilitar, judicial o mediáticamente, el activismo de actores públicos fuera del control de palacio. Hoy, la represión judicial aparece con creciente naturalidad como parte de los cálculos del régimen para alinear comportamientos electorales y legislativos. La negociación política es sustituida por el chantaje con carpetas de investigación de las fiscalías y expedientes de inteligencia financiera y del fisco. Son los nuevos instrumentos de persuasión/disuasión del gobierno.
Robles y Anaya. Los ajustes de cuentas —abultadas éstas a lo largo de extendidas trayectorias políticas— se expresan ahora en celdas de castigo, ejemplarizantes, contra quienes osaron interponerse en la ruta de ascenso al poder del actual presidente y contra quienes osan hoy interferir en sus proyectos futuristas. Entre quienes se interpusieron a su ascenso, se repite una historia: para complacer resentimientos, pulsiones de venganza y odios o desafectos políticos del Ejecutivo, a Rosario Robles le han negado los jueces, por más de dos años, su derecho a seguir su proceso en libertad. Y entre quienes han obstaculizado sus designios de hoy, aparte del senador Monreal, se da por hecho que el encono de la campaña en la que Ricardo Anaya le disputó la presidencia a AMLO en 2018, más el enfilamiento del exlíder del PAN a volver a competir en 2024, son los móviles de la consignación del panista ante un juez. Y, sobre todo, del citatorio de este juez, bajo amenaza de prisión si no acude y frente a la probabilidad de captura si acude, como le pasó a Robles.
¿Cerco a Calderón? Coinciden espacios oficialistas e independientes de los medios: las órdenes de aprehensión contra mexicanos ya aprehendidos, involucrados en la fallida Operación Rápido y Furioso de la DEA, se encaminan en realidad a cercar al presiente de entonces, Felipe Calderón. Asiduo en la feria matutina de descalificaciones del presidente a sus adversarios, pocos dudan en vincular la ferocidad contra Calderón al hecho de que fue el vencedor de AMLO en la elección de 2006 (derrota no reconocida por éste) y a la actividad crítica del panista contra el régimen. A su vez, acostumbrado a darle indicaciones públicas a la Fiscalía —acatadas rápida y furiosamente— esta vez el presidente López Obrador le dictó al aire el interrogatorio al que debe someter al expresidente.
Afinidades. Fiscalías y juzgados: campos de pruebas o laboratorios para sacar de la escena a adversarios, para intimidar inconformes, para fabricar presos políticos, como lo hacen los dictadores afines al presidente mexicano.
Profesor de Derecho de la Información. UNAM
