La verdad (mal) acomodada. En la actual crisis comunicativa sobre la matanza de normalistas en Iguala, llegó a su límite la pretensión del presidente de concentrar y controlar el temario y los giros narrativos de la conversación pública nacional. Lo mismo al pontificar lo que pasa en México que en Ucrania. Sea de política, los medios, el crimen, los espectáculos o el deporte. La agenda pública se dicta desde el proscenio presidencial. Pero la pulsión del gobernante por acomodar todos los flujos informativos al culto a su persona, a la satisfacción de sus ajustes de cuentas políticas y personales y a su proyecto de poder transexenal, se le atascó en la veta sobreexplotada de las víctimas de la Normal de Ayotzinapa.
Con todos quedó mal. El problema surgió a la hora de dosificar la dichas y desdichas de la información oficial entre las demandas de sus clientelas radicales, con sus recelos anticastrenses; los costos de gobernar con los militares, con la correspondiente necesidad de ponerlos a salvo, y la docilidad gravosa de su fiscalía ‘autónoma’. Con todos quedó mal. Y en lugar de la ‘verdad histórica’ del sexenio anterior, que había que aniquilar, ahora tenemos tres ‘verdades’ distintas —la de Gobernación, la de las fuerzas armadas y la de la Fiscalía— y una sola, gran confusión verdadera.
Buena puntería contra la Constitución. Alertado por medios y redes de la inconstitucionalidad de su consulta sobre la militarización de la vida cotidiana, el presidente López Obrador le cambió el nombre con la ilusión de ocultar así su nuevo ataque a la Carta Magna. Pero la no consulta, el ‘ejercicio participativo’ encargado al secretario de Gobernación, será también violatorio del principio fundamental de que la autoridad sólo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada. Y la atribución de hacer ‘ejercicios participativos’ no aparece entre las facultades de esa Secretaría. Y es que la organización de ‘ejercicios participativos’ como éste, también llamados consultas, junto con las elecciones, están conferidos por la Constitución al autónomo Instituto Nacional Electoral. Con el monopolio presidencial de la propaganda política y una dependencia del Ejecutivo, la Segob, a cargo de instalar los ‘puntos receptores’ de la opinión ciudadana, será el ‘pueblo’ el que contará las opiniones para la suma que hará la Secretaría de Gobernación. Y hay que reconocer la buena puntería de un presidente que a cada ocurrencia da en el blanco contra la Constitución.
Ensayo de doble regresión. ¿Doble propósito de regresión autoritaria? Estamos, por un lado, en la estrategia ‘Going public’ de Reagan. Arrollar a los órganos de representación de la república: el Legislativo y el Judicial, es la meta. Bastan tres meses de propaganda masiva, sin reglas ni competencia, para obtener el resultado de una opinión ‘abrumadora’ del ‘pueblo’ por la militarización. En ese cálculo, legisladores, jueces y ministros no tendrían más que aprobar y, en su caso, convalidar, la constitucionalidad de la permanencia del Ejército en las calles y de la adscripción en firme a Sedena de la Guardia Nacional. En paralelo, la operación semeja un ensayo de regreso al control de elecciones y consultas por el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación. A un INE avasallado en la Segob se encaminarían finalmente la iniciativa de contrarreforma electoral y la guerra propagandística contra el INE actual. Y de la invasión de personal militar sobre las funciones civiles del Estado, las fuerzas armadas podrían transitar a las funciones ciudadanas alojadas ahora en nuestro sistema electoral. Aprobada la permanencia del Ejército en los espacios públicos, la previsión de cualquier incidente en la jornada electoral podría llevarlas al control de urnas y casillas. ¿por qué no?
