Cuando la Corte los alcanza. La votación de ayer del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trasciende el de por sí muy relevante tema de la restitución del mandamiento de la Carta Magna de mantener el carácter civil de la Guardia Nacional. Ello, contra la tentativa del presidente de pasar sobre un precepto constitucional a través de legislación secundaria. La reivindicación experimentada con su nueva presidenta por el Tribunal Constitucional —máximo intérprete de las disposiciones de la Constitución— apunta a invalidar otras normas y decisiones del régimen de la llamada ‘cuarta transformación’ que, por su falta de cimientos constitucionales, caerían también como un castillo de naipes. Era cuestión de tiempo y de recuperación de la investidura de los ministros como garantes últimos de los derechos fundamentales de los mexicanos: una investidura rasgada durante la presidencia del ministro Zaldívar, quien maniobró para validar o mantener en suspenso la inconstitucionalidad de otras legislaciones perpetradas por la mayoría oficialista en las cámaras del Congreso. Hay en la decisión de ayer de la Corte una señal de deshielo, con temas a la vista como el de la suspensión del inconstitucional plan de aniquilación del INE.
Atolladero. No sólo su andamiaje jurídico está en el aire. El presidente está también metido en un atolladero. Está enredado entre los hilos de sus fantasías y falsificaciones. Y más se enreda con cada nuevo movimiento en falso, como el que podría iniciar en represalia contra los ministros de la Corte y la Corte misma. Parece desconocer el adagio que aconseja que cuando has caído en el hoyo que estabas cavando, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Sus paletadas más recientes, como otras tantas, han sido palos de ciego. Ayer fue contra el “espionaje” del Pentágono, por documentar en sus archivos —en un caso que involucró a ciudadanos estadounidenses— las viejas y actuales, bien conocidas tensiones entre el Ejército y la Marina de México. El informe fue hecho público, con otros datos nocivos para el gobierno del país vecino, no por la cúpula militar de Washington, como acusó el presidente el lunes, sino por un joven infidente.
Ante los hijos del Chapo, la patria es primero. Ya ha sido ridiculizada aquí y fuera la patriótica indignación presidencial por el reporte de lo indagado por tres infiltrados de la DEA en el Cártel de Sinaloa, con su acopio de pruebas puntuales de las actividades —no afrontadas aquí— de los hijos del Chapo Guzmán. Se trata de informes pormenorizados de producción en México y de distribución en Estados Unidos, del letal fentanilo, cuyos estragos han unificado la narrativa de demócratas y republicanos contra la insuficiente o nula acción del gobierno mexicano actual contra los cárteles. Frente a tal contundencia, el gobernante mexicano insiste en negar que el opioide se produzca nuestro país, lo cual no sólo se ha decodificado allá como un burdo engaño, sino como intento, igualmente burdo, de encubrimiento de las bandas criminales mexicanas. No han faltado reacciones a la indignación de palacio ante la DEA, en este caso, que establecen el contraste con la celebración del presidente ante los cargos obtenidos, por la propia DEA, de testimonios de criminales convictos contra García Luna, el proyectil político predilecto del presidente López Obrador contra el expresidente Calderón.
El soplo del viento. Tambaleante se vislumbra también el castillo de naipes de la extravagante política de inacción frente al crimen organizado, el de los aprestos para borrar los avances en materia de transparencia y derecho de acceso a la información y en materia de control de adquisiciones y obras públicas del gobierno, así como de combate a la corrupción. Pero vamos a ver para dónde sopla el viento.
