De la violencia verbal a la violencia estatal. El despojo en curso de AMLO a las cuentas del Poder Judicial, a través de los legisladores oficialistas, traza con exactitud la trayectoria del concepto de ‘pánico moral’ de Stanley Cohen. Primeo, se erige, a través de los medios y otros recursos se comunicación, a individuos, grupos, episodios o condiciones, en “amenazas para los valores e intereses de la sociedad”. Y enseguida se les aplican las medidas coactivas del Estado. Parece llegada así la hora de echar a andar de lleno la acción punitiva de los órganos estatales contra personas e instituciones marcadas de antemano por la narrativa infamatoria de palacio. Pero el castigo, hoy en proceso en el órgano legislativo, va dirigido como proyectil de guerra contra el basamento económico de la autonomía judicial. Es la marca de la casa: así se intentó con el INE. Los dos casos ilustran la relación entre la alevosa violencia verbal del Presidente, y la violencia arbitraria desatada por él desde los órganos del estado.
Demonizados. Con sello dictatorial, se trata de fabricar ‘enemigos del pueblo’ y ‘de la transformación’, para luego despojarlos y perseguirlos. (Enemigos ‘de la revolución bolivariana’, en regímenes hermanos). Ante este giro ¿quién o quiénes podrían sentirse ahora al pie del cadalso, entre los infamados por AMLO por mostrar independencia y ejercer la crítica y la oposición? Medios, informadores, ecologistas, defensores de derechos humanos, órganos autónomos y organizaciones civiles. En la lógica del concepto del pánico moral, todos ellos, víctimas de la satanización palaciega. De allí el objetivo prioritario de eliminar de la ecuación, por asfixia económica, la autonomía de jueces, magistrados y ministros. No sólo para neutralizar a un Poder Judicial garante de los derechos de las personas, físicas y morales, sino para reorientar también ese órgano del estado, como ocurre con el Legislativo, contra los ‘demonios’ construidos por la comunicación dominante de Palacio.
Desestabilizar, controlar ¿disolver? La operación contra el sistema judicial parece tender una doble trampa. Por un lado, de consumarse el castigo del recorte presupuestal y de la extinción de sus fideicomisos, sería previsible la desestabilización del Poder Judicial, al privarlo de los recursos para garantizar el cumplimiento de obligaciones. Lo más grave: entraría en crisis su función primordial de impartir justicia. Y un Poder Judicial en crisis sería un escenario propicio para acabar de demonizarlo en la anticipada campaña electoral. Pero, por otro lado, de no consumarse el despojo, por resolverse su inconstitucionalidad en la Corte, está a la vista el escenario ideal de su satanización por supuestamente aferrase a sus ‘privilegios’. Doble trampa en busca de una improbable mayoría calificada en el Congreso que le permita al Presidente reformar la Constitución para tomar el Poder Judicial. ¿O para disolverlo? Así lo sugiere la ‘mayéutica’ pedestre de la muy merecidamente seleccionada como ‘frase del día’ por EL UNIVERSAL del jueves pasado: “¿En qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México?” se preguntó el Presidente en clave socrática. “Pues en nada”, se respondió en clave autocrática. “Al contrario. Perjudica a la mayoría”, inventó-amagó.
Infamar y castigar. En su estudio clásico Vigilar y castigar, Foucault encuentra que a partir de la Época Moderna el castigo se dirige idealmente a reparar las ofensas a la sociedad. Mientras que antes del siglo XVIII, el castigo constituía una venganza de la ofensa al soberano. Y, así, premodernos, como solía decirnos Octavio Paz, los móviles de la actual operación Infamar y Castigar van también son de venganza contra el Poder Judicial por haber invalidado leyes y decisiones inconstitucionales del Presidente.
