Ataques a los derechos informativos y de opinión
Las reacciones presidenciales y las respuestas oficiales y oficialistas a escritores, periodistas y medios críticos, a la oposición y a los movimientos sociales muestran algo más que intolerancia autoritaria: dejan ver un proyecto de predominio de una sola voluntad personal sobre la nación, con mensajes únicos, excluyentes de los demás. Es tramposo el argumento del poder de que la libertad de expresión está a salvo puesto que circula en medios el desplegado de denuncia de centenares de intelectuales contra las amenazas del régimen a esa libertad fundamental: el escarnio que el presidente hace de sus críticos, desde su incontrastable tribuna, se ha convertido en una forma de censura.
No se trata en este caso del ejercicio de su libertad de expresión, que no se le escatima, sino de una supuesta, alevosa, impune libertad de afrenta que, viniendo de un particular, podría encauzarse por vías civiles (o inciviles). Pero viniendo del poder, eso se llama ataque a las libertades informativas y de opinión, o censura, en sentido amplio. Porque el descrédito lanzado desde Palacio sobre el crítico busca su menosprecio público, su irrelevancia social o incluso su desaparición, en términos de presencia significativa en el debate nacional. También, su aislamiento de lectores, audiencias, editores, empresas informativas y, en este último caso, el temor de los anunciantes. En otras palabras, la afrenta contra los críticos se propone su eliminación o su reducción a la marginalidad: que sus voces no cuenten, supuestamente por conservadoras o corruptas o por haber sido, según esto, privilegiadas en el régimen anterior, o haber callado sus fechorías.
Estaríamos así ante un propósito de inhabilitación del discrepante para concurrir a la conversación sobre los asuntos públicos: una suerte de muerte civil. El propósito, en el fondo, sería similar al de quien ordenara en otros tiempos la eliminación física de las voces indeseables, con la ventaja aquí de presentar la sobrevivencia paria del crítico como prueba de un régimen de libertades. No cabe aquí, pues, avalar la violencia verbal del presidente como ejercicio de su libertad de expresión. Este ejercicio, en todo caso, tendría que cuidarse, de acuerdo a nuestro sexto constitucional, de no violar los derechos de terceros —los críticos— obviamente afectados en su honra y reputación profesional, así como en su potestad de “buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Sinónimos del escarnio
El presidente confunde el ejercicio extendido en las últimas décadas de estos derechos informativos y de opinión como ataques sin precedentes a su persona y a su desempeño. Suele asumirse como el más atacado desde Madero. Y confunde sus propios ataques, esos sí, a sus críticos, como ejercicio de su derecho de réplica. Pero el presidente no suele rectificar, como derecho de réplica, las informaciones que recrimina ni elaborar argumentos contra las críticas a sus decisiones. Sólo agravios, burlas, humillaciones, ofensas y demás sinónimos del escarnio.
Las infieles
Y hay otras formas de censura, como la realizada desde el manejo de la publicidad oficial, refinada en este régimen sobre empresas editoriales “infieles”. Éstas no sólo son excluidas, sino exhibidas como corruptas por sus ventas en otros sexenios, mientras hoy se concentran estas transacciones en las empresas “fieles”.
Momento
A raíz del llamado “En defensa de la libertad de expresión: Esto tiene que parar”, parece llegado un momento decisivo para la discusión de estos y otros temas, como lo ha entendido la Academia Mexicana de Comunicación, presidida por Ricardo Homs, y por su Consejo Asesor Jurídico, coordinado por Luis Raúl González Pérez.
Profesor de Derecho de la Información. UNAM
