Tribunal de derecho frente a tribunal de palacio. El más alto tribunal de derecho del país se impuso el lunes sobre el poderoso-alevoso tribunal de opinión del palacio presidencial. Esta vez fue en un tema estratégico para los designios de prolongación del poder del presidente López Obrador. Esta es otra aportación de los 9 (de 11) ministros de la Corte que votaron por la inconstitucionalidad y la consecuente invalidación del primer tramo del plan oficial de medrar de procesos electorales sin ley: con la vía libre para el exceso y el abuso del poder de fuego del régimen en materia de comunicación y propaganda. La guerra del Ejecutivo contra jueces, magistrados y ministros independientes no ha tenido tregua en estos cuatro años y medio. Alcanzó un punto de alta intensidad con el rechazo de los ministros a aceptar el deseo de AMLO de una ampliación anticonstitucional del periodo del anterior presidente del tribunal supremo. Y llegó al paroxismo con la elección, por sus pares, para presidirlo, de la ministra Norma Piña, portadora de una impecable carrera judicial y espíritu de cuerpo, entendido en su más alta dignidad e independencia.
Perder argumentación jurídica y confianza ciudadana. Junto con el revés jurisdiccional a su proyecto, el presidente acumuló además pérdidas en su propio terreno: la aprobación en las encuestas. En la más reciente de El Financiero, publicada tras casi tres meses de la elección de la ministra Piña, resultó que los mexicanos confían más en la SCJN que en el presidente de la República, según rezaba una cabeza de ese diario del 21 de marzo de este año. En efecto, la confianza ciudadana en la Corte se ubicó entonces en su nivel más alto del año, el 61 por ciento, mientras la confianza en el presidente se ubicó en 54 por ciento. Pero aún con esos saldos, los denuestos presidenciales devinieron acoso de un piquete de agresivos insultantes oficialistas en asedio permanente de la sede de la Corte. La víspera del pleno citado para la discusión y votación del proyecto del ministro Pérez Dayán, enfilado a invalidar, por inconstitucionales, las reformas anti INE a las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas, una ‘consejera jurídica’ de palacio advirtió a los ministros que su aprobación invadiría las funciones del Legislativo, pretendiendo negarle a la Corte su atribución —constitucional— de control de la constitucionalidad de la legislación secundaria.
Malicia. La jurista Ana Laura Magaloni ha maliciado en Reforma que AMLO asumía que la aberración anti INE del llamado Plan B era insostenible y sería invalidada por la Corte, igual que ocurrirá en su momento con la veintena de reformas ‘aprobadas’ al margen de la legalidad parlamentaria el viernes negro del Senado. Pero —continuaba Magaloni— eso le servirá al presidente para confirmar la inclusión de la Corte en su campaña en marcha para las cruciales elecciones de dentro de un año y 22 días. Sería la villana que ha obstaculizado la transformación y por tanto será liquidada como tal con el voto abrumador del pueblo en 2024. AMLO ya confirmó esa intención en su primera, pendenciera, reacción al fallo del lunes.
Ciudadanía constitucionalista de paz. Por lo pronto, el presidente ya tendió la trampa de llevar a la Corte al circo electoral. Su ideal: que los partidos de oposición la incluyan también en las banderas de campaña. Pero si una oposición unida logra investirse en vehículo de una ciudadanía constitucionalista de paz, triunfante como el ejército constitucionalista en 1914, pero esta vez en la batalla de las urnas, frente a la actual sucesión de golpes pro dictatoriales a la Constitución, camino al caos, una Corte al margen de los partidos tendría un papel central en la restitución del cada vez más rasgado orden constitucional.
