‘Democraticidio’. Primer día de febrero y del nuevo periodo de sesiones de la 65 Legislatura del Congreso, perfilada para pasar a la historia como la “descuartizadora” del INE. Blanco predilecto de la metralla propagandística de López Obrador, el Instituto Nacional Electoral, con su antecesor, el IFE, constituyen un mecanismo democrático maestro y un emblema. Se erigieron en la institución central de la civilidad en el país, en el custodio universal de identidad ciudadana, a través de su padrón y la credencial de elector y, sobre todo, ha sido y es la representación simbólica de la instauración de elecciones competitivas y confiables, ausentes hasta entonces en nuestro país. Contra esa reputación social y su impermeabilidad a las presiones de palacio —atributos intolerables para un poder autocrático— se lanzó el presidente desde el inicio de su gobierno, como preludio del actual lance anticonstitucional para despedazarlo. De manera que la orden presidencial —trasmitida por el titular de Gobernación a los legisladores oficialistas— de “destazar” este órgano constitucional autónomo, es un mandamiento de ‘democraticidio’ en un clima de odio y polarización fratricidas. “Febrero de Caín y de metralla”, llamó Alfonso Reyes a este mes, pero de 1913, en su tardía oración a la muerte de su padre, caído del lado contrario de la historia el primer día de aquella sanguinaria Decena Trágica, seguida ¡ojo! por la última dictadura sin adjetivos del país y luego por una feroz guerra de facciones.
Desmembrar la Constitución. A la inversa del prestigio emblemático del INE, la decisión de descuartizarlo deviene símbolo de lo contrario. Es el emblema de la destrucción, perteneciente a López Obrador, esta vez con su apetito de trocear tres décadas de construcción democrática. Pero la metáfora carnicera del régimen implica, además, desmembrar también a la Constitución. Se trata de un ataque directo al cuerpo constitucional, perpetrado por la iniciativa del Poder Ejecutivo y la complicidad de su mayoría en el Poder Legislativo. Porque alterar ordenamientos de la Ley Fundamental a través de leyes secundarias apuñala también la jerarquía de la Constitución. Y pasar sobre la norma constitucional en materia electoral equivale a interrumpir la continuidad democrática pacífica para abrir paso a la pretensión de perpetuidad del régimen, fraguada en el río revuelto de una, acaso, buscada incertidumbre, con probables elecciones anuladas y violencia, advertidas el sábado, en sus últimos, comprometidos meses al frente del INE, por Lorenzo Córdoba, junto a Cuauhtémoc Cárdenas, destinatario de la metralla presidencial de la semana.
Jueces y ciudadanos a escena. Pero, aun aprobado en las cámaras, el golpe tendría aún que enfrentar la resistencia de otras instituciones de la República, acompañadas de una creciente movilización ciudadana. Está la determinación unánime del Consejo General del INE de defender, con todos los recursos legales, la integridad del Instituto. Y está la salvaguarda de la Constitución a cargo de un Poder Judicial que ha generado grandes expectativas de independencia tras la elección de una presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, con credenciales de indoblegable. Más la sinergia, a la que llama Córdova, de la movilización ciudadana para defender la integridad del voto en calles y tribunales.
¿Sigue el Poder Judicial? Los recursos interpuestos y por interponerse contra el quebrantamiento de la jerarquía constitucional por el Legislativo marcan la entrada en escena del Poder Judicial, contra el que el Ejecutivo ha recrudecido hostilidades. Y aquí asoma un peligroso choque de poderes. Jueces, magistrados y ministros bajo fuego de palacio: más metralla contra otro poder constitucional: ¿preludio de otra iniciativa de descuartizamiento?