“Contra el fuerte y el arbitrario”. No lo dijo textualmente así, pero el segundo informe de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, presentado ayer, me confirmó en mi convencimiento de que en este régimen los derechos humanos quedaron en México a merced de un poder que ya no podrá ser contenido, frenado ni controlado por un Poder Judicial independiente que ejerza contrapeso. Que, contra lo que proponía Morelos para quien “se queje”, ya no habrá “un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”. Y que las alteraciones regresivas de los últimos tres meses a la Constitución pasaron sobre los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y, sobre todo, de progresividad de nuestros derechos fundamentales, prescritos en nuestro artículo primero constitucional. Fueron ‘Reformas constitucionales inconstitucionales’: el sugerente título del todavía reciente libro del profesor israelí Roznai Yaziv, traducido por profesores de derecho y ciencias políticas de un par de universidades colombianas, un volumen buceado en la FIL Guadalajara por el economista experto en Derecho Político, Arturo Núñez, en el stand del librero y editor madrileño Marcial Pons.
Autor intelectual y autores materiales. Anuente con el hombre “fuerte y arbitrario” de la prevención de Morelos, y autor intelectual de esta masacre de las normas constitucionales irreformables, la jefa del Estado no solo no asistió a esta ceremonia emblemática de uno de los tres poderes del Estado que jefatura, sino que redujo la representación del Ejecutivo a un subsecretario. Mientras que el autor material del crimen, el Legislativo, dominado también por el ‘hombre fuerte’, no envió representante alguno a las exequias de la independencia —por él ultimada— del Poder Judicial. Sí asistió al funeral con una cara dura sólo superada por la del exministro Zaldívar, el ministro Pérez Dayán. Sin hacerme eco de las versiones extendidas sobre la extorsión de que habría sido víctima por sus supuestas faltas y la de algún familiar, para obligarlo a desertar del grupo de ministros independientes, como Pilatos, cohonestó con su voto la supuesta constitucionalidad de las reformas inconstitucionales, consciente —se dijo— de sus efectos, pero aferrado a la interpretación oficialista de la supremacía constitucional, que lo era más bien de la aplanadora legislativa del régimen, como lo ha escrito Carlos Elizondo Mayer. Esto es, de la condena a muerte del ser y la razón de ser de la Corte. Lo hizo descargando su culpa de la crucifixión en las ciertamente monstruosas resoluciones del INE y el Tribunal Electoral, atentatorias del principio constitucional de representación proporcional, con las que le regalaron al régimen una arrolladora mayoría constitucional para acabar con la Constitución.
Crónica de la resistencia. El testamento leído ayer por la presidenta de la Corte contiene, sobre todo, una crónica, un testimonio invaluable, sin precedentes, de la resistencia de los ministros independientes ante una descarnada guerra de descrédito, alevosa, desigual del entonces presidente y sus secuaces en los aparatos políticos, burocráticos y comunicacionales: “una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad”, acusó la ministra. La relación de agravios a la independencia judicial es puntual en el texto, que se puede consultar en el sitio de la Corte. Fue “una campaña dirigida a la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas (que) se intensificó —inclusive de manera violenta— cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional”. Fuego graneado, característico del régimen, por seis años.
Académico de la UNAM
