Crisis. Crece la tensión entre poderes del Estado: el Ejecutivo contra el Judicial y varios gobiernos estatales, más alguna deserción del oficialismo en el Legislativo. Hay aprestos para llevar el enojo social a las calles en las vísperas de la vuelta a clases. Más jueces federales y un ministro de la Corte se suman a la orden de suspender la distribución de millones de volúmenes para los alumnos de primaria. La confusión entre los docentes se manifiesta sobre los enjuagues de sus líderes sindicales. A los niños los espera un caos escolar. Y, ante tal crisis, el presidente desestima como “politiquería” la resistencia institucional y ciudadana frente a los atropellos a la Constitución y a la pedagogía de los libros. Tanto él como sus legisladores, sus gobernadores, sus medios y sus redes sólo aciertan a estigmatizar la inconformidad, a procurar la distracción ciudadana con ‘otros datos’, a difamar a periodistas independientes y a amenazar a servidores públicos dispuestos a acatar las resoluciones judiciales.
La derecha, el fantasma. En realidad, provinieron de los más destacados estudiosos de la educación, identificados, además, en su mayoría, con posiciones progresistas o de izquierda, las voces de alerta ante las violaciones a las leyes, la opacidad, la improvisación y la falta de idoneidad y de capacidad de los designados para elaborar los nuevos libros de texto. De aquellas voces han surgido también las críticas más puntuales a los adefesios resultantes de tales tropelías. Sin embargo, el presidente y sus propagandistas insisten en atribuir el descontento a una campaña de la derecha, el clero, la iniciativa privada contra los “libros de texto gratuitos”. Con este estereotipo se busca estigmatizar, desacreditar la inconformidad al equiparar la resistencia crítica de hoy ante los fraudulentos libros de 2023, con la oposición de la derecha de 1960, al nacimiento de los auténticos libros de texto gratuitos. Por lo demás, desde entonces las editoriales privadas quedaron fuera del mercado de libros de texto de primaria, a pesar de lo cual el presidente y sus repetidoras pretenden distraer la atención atribuyéndoles la siembra del descontento, por haber visto afectados sus intereses con la edición de estos libros oficiales, social y legalmente cuestionados.
No son libros de texto. El problema actual no es la derecha: es que no son libros de texto. Y así la vuelta a clases en primaria y secundaria, para acabar pronto, ocurrirá sin ellos. Por una parte, no habrá ningún material impreso que pudiera pasar por libro escolar para las y los estudiantes de secundaria. Y, por otra, los que por lo visto sí se presentarán, a pesar de todo, como libros de texto para primaria, no cumplen los requisitos de validez ni reúnen las condiciones de existencia marcadas por la Carta Magna y la Ley General de Educación. No podrían constituirse en el material didáctico requerido para facilitar a los alumnos y maestros el cumplimiento de los programas de estudio, porque, también contra los preceptos legales, esos programas tampoco existen, como tampoco se cumplieron otras condiciones constitucionales de existencia de un libro de texto en nuestro país.
Oceánica. No hay, pues, libros de texto escolares. Solo una colección de ocurrencias de ideólogos de manual pergeñadas en la clandestinidad y llevadas al papel por una cuadrilla de milusos ajenos a la enseñanza y al oficio editorial. Incluso materiales valiosos aportados por académicos respetables quedaron adulterados por la impericia de los improvisados editores. Y se han exhibido con profusión los vacíos pedagógicos y los oceánicos errores, disparates y aberraciones con destino a las mentes de los niños. Sólo eso obligaría a las autoridades a cancelar la circulación de esos libros en cualquier país civilizado.