Paralelismo trágico. Tiempo de definiciones ominosas. En un carril, el acrecentamiento del peso político y de los grandes negocios asignados a las fuerzas armadas, más la coraza presidencial de impunidad y exención de rendir cuentas en beneficio del poder de las armas. En el carril contiguo, la contrarreforma electoral del presidente en perjuicio del derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres de cadenas clientelares, ilegalidades e inequidades alevosas. En la mira, el árbitro electoral autónomo que condujo a la transición del país a la democracia. Estamos al filo del abatimiento de un sistema político electoral sustentado en el poder de los ciudadanos para organizar y cuidar la integridad de los procesos electorales, en trágico paralelismo al avance de un poder militar sin controles civiles y en invasión creciente de áreas sensibles del gobierno y la administración.

Supremacía militar sobre soberanía popular. Un paso más en la percepción, acaso buscada, de una supremacía del poder militar sobre la República lo dio el secretario de la Defensa, con el aval del secretario de Gobernación y alter ego del presidente, al negarse a comparecer ante la comisión legislativa correspondiente de la Cámara de Diputados y cambiarles a los legisladores la comparecencia por una cita en su despacho, sólo para luego cancelársela. Malo, si el jefe militar desconoce que, en nuestro régimen de división de poderes, los diputados representan la soberanía popular (los senadores, el Pacto Federal). Y peor, si sabiéndolo, hizo esta exhibición de supremacía del poder militar sobre la soberanía popular.

Duopolio de la violencia. Prácticamente prorrogado ya el aval constitucional para permanecer y aumentar su presencia en las calles en funciones del orden civil, el desempeño militar en estas tareas ha sido deplorable, a juzgar por los resultados estadísticos y la información diaria. Para colmo, las armas del Estado han sido exhibidas junto a las armas criminales, como lo han mostrado documentos del Estado. Así aparecen en el informe de la comisión presidencial encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas y en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa extraídos por Guacamaya Leaks. Pero eso no es todo. cada vez quedan más a la vista de la población, semejanzas ignominiosas entre actitudes, expresiones y conductas de las fuerzas irregulares del crimen —desde su virtual monopolio de la violencia ilegítima en vastas regiones— y actitudes, expresiones y conductas de las fuerzas regulares del Estado, actuando bajo el supuesto —en entredicho, para decirlo amablemente— de que mantienen el monopolio de la violencia, en teoría, legítima, a través de su crecido poderío armado. Una adición a la aportación de Max Weber sobre el monopolio de la violencia legítima en el Estado, con esta suerte de duopolio que gravita sobre la población de la violencia legítima del Estado y la violencia ilegítima del crimen.

¿Gobernación conduce a la ingobernabilidad? A la Secretaría de Gobernación, reza el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas. Pero a juzgar por la reprobación pública del titular al gobierno de Jalisco en materia de seguridad, no obstante haber 10 estados gobernados por el partido oficial en más grave situación, Adán Augusto López parecería entender esta atribución como la de conducir a la guerra la relación del centro con los gobiernos estatales procedentes de partidos distintos al suyo y encabezados por gobernadores con proyectos políticos ulteriores. Con esta animosidad partidista preelectoral del secretario, Gobernación podría estar apostando a la ingobernabilidad.

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Profesor de Derecho de la Información
UNAM

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