Suma de temores. Con los temores que suscita la adscripción de la Guardia Nacional al ejército, junto a un poder judicial despajado, en la reforma previa, de capacidad para proteger a los particulares de la arbitrariedad oficial, a menos de una semana de la toma de posesión, toma fuerza en medios y redes una presunta, riesgosa ‘certeza’, que comparte ya un tercio de la población general, de acuerdo con la encuesta de Buendía & Márquez publicada aquí el lunes. Esa ‘certeza’ da por un hecho la prolongación en el nuevo gobierno de la dependencia mostrada hasta hoy por la casi presidenta Claudia Sheinbaum, respecto del casi expresidente López Obrador. Sólo poco más de la mitad de los encuestados confía en que no habrá tal dependencia. Y, aunada a un cálculo insistente sobre el control de AMLO de los mandos militares, el Congreso, la mayoría de los gobernadores, las clientelas de los llamados programas sociales y un sometido poder judicial, esa ‘certeza’ se extiende a una suerte de prórroga transexenal del poder de quien verá agotado el lunes su mandato constitucional. Y esa ‘certeza’ y ese cálculo trazan, paradójicamente, el más incierto tránsito sexenal en la historia de los sexenios. O sea, desde que corrió el primer periodo presidencial de seis años, con Lázaro Cárdenas (1934-1940).
El líder providencial y la presidenta. La inquietud crece junto a un culto a la personalidad poco visto en México, inmisericordemente parodiado la semana anterior en este diario por Guillermo Sheridan. El culto llega ciertamente a extremos inalcanzables de patetismo y humor involuntario. Pero, ciertamente, también, muestra una intención inequívoca del oficialismo de elevar a López Obrador a la calidad de líder providencial insustituible, al lado o por encima de la Presidenta constitucional. La materialización de estos temores encaminaría al país al resquebrajamiento de uno de los pilares de la estabilidad política alcanzada en 90 años y 14 renovaciones del poder presidencial. Las cuatro de este siglo, en elecciones rigurosamente vigiladas. Y tres de ellas, con alternancia democrática entre partidos o coaliciones partidistas. Pero el pilar histórico de la estabilidad ha sido la inexcusable renovación periódica del poder presidencial y el correspondiente rechazo a toda pretensión del Presidente de salida de compartir parcelas de poder con el Presidente entrante. Todo el poder acumulado, disfrutado o ejercido legal o arbitrariamente por el Presidente en retirada —ha sido la norma— se ha transferido cada seis años con la banda tricolor al Presidente de llegada. Inmanejable, impracticable resultaría en un país como el nuestro, un intento de con-fusión de poderes entre dos presidentes, el providencial y la constitucional: el que decide y la que aplaude y ejecuta.
Estado policial y poder criminal. La aprobación de la reforma para adscribir la Guardia Nacional al ejército y darle poderes de investigación y espionaje —y de detención e investigación de particulares— se enlazará con la reforma (per)judicial, que prevé juzgadores adictos al régimen y priva a los órganos jurisdiccionales de la facultad de suspender los actos arbitrarios, entre otros, de un ejército así habilitado de policía. Se trata de golpes a la Ley Fundamental que dejan a la población inerme, entre insistentes temores -explícitos en la esfera pública- de configuración de una dictadura militar policial, pasiva o en connivencia con la violenta e impune actividad de los cárteles, como lo ilustra el control criminal de Sinaloa, entre otros estados y regiones.
Herencias. Medio y redes se colman con inventarios de (pocas) gracias y (muchas) desgracias en la masa hereditaria del sexenio. La adscripción de la Guardia Nacional al ejército, último tributo a los militares, una más de las más negras herencias.
Académico de la UNAM