A Alejandro Carrillo en sus bien vividos ochenta (pasaditos). Sus ‘Vivencias que dejaron huella’, una compartible autobiografía generacional
Caminos sin ley. No se trata de trivializar, sino de ceñir los hechos al habla popular de la región. Y en vísperas de la Serie Mundial, en un estado beisbolero como Sinaloa, se podría decir que el gobernador Rocha fue prendido fuera de base. La Fiscalía federal reviró sobre su montaje y confirmó que el asesinato del exrector Cuén fue en la finca de la que se llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos. A ese encuentro también habría acudido -o habría sido citado- el gobernador. Parece inminente el out del ampáyer: su salida del gobierno. Ello podría dejarlo expuesto a los ajustes de cuentas entre bandas criminales. Ponerlo a salvo exigiría quizás una captura de protección por las autoridades, que así podrían además librarlo por un tiempo de la extradición -o de la extracción (a la Zambada)- a territorio estadounidense. Caminos sin ley, como describió Graham Green el Tabasco de hace un siglo.
¿Ingobernabilidad o ‘gobiernos’ alternos? ¿Riesgos de ingobernabilidad en Sinaloa, Chiapas, Guerrero o en tantos otros estados? ¿O, más bien, formas de ejercicio del poder alternas a los poderes constituidos? Formas de ‘gobierno’ de los cárteles que incluyen un orden ‘tributario’ coactivo -el ‘derecho’ de piso- y una lucha permanente por establecer y conservar su propio monopolio de la violencia. En sus últimos días en el cargo, el todavía presidente López Obrador, desde Sinaloa, le atribuyó el desbordamiento de la violencia al enjuiciamiento del Mayo Zambada en Estados Unidos. Y así pareció admitir que el líder de uno de los cárteles más poderosos y sanguinarios del país estaba por encima del gobierno como pieza maestra de la gobernabilidad en la entidad. De lo más desconcertante, al respecto, la prolongada, insistente vehemencia del entones presidente en deslindarse -y ‘culpar’ a Washington- de la detención de un capo del crimen perpetrador de una larga lista de delitos de máxima gravedad.
¿Ausencia de poderes? Más de medio siglo atrás, el Senado, a incitación del Ejecutivo, declaraba desaparecidos los poderes de un estado cuando se estimaba que los exponentes de sus órganos constitucionales (gubernatura, congreso local, tribunal estatal) habían perdido el control de la entidad. Hoy, el gobernador de Chiapas se desentiende del avance criminal sobre territorios zapatistas, en una región al borde de una guerra civil. El gobernador de Sinaloa admitió desde antes de asumir que sólo podría gobernar en acuerdo con las bandas, que ahora están en desacuerdo. Y el jefe militar del área anuncia que sólo habrá paz en la entidad cuando dejen de guerrear las organizaciones criminales. ¿Y Guerrero? Para sólo mencionar el episodio más traumático del mes, el cartel dominante mostró su desacuerdo con el alcalde de la capital, cortándole la cabeza. El poder criminal se le adelantó al gobierno y ejecutó la desaparición de los poderes formales a favor de los poderes de facto del narco terror.
Pie de página. La presidenta Sheinbaum va también por desaparecer los poderes constitucionales. O por darlos por desaparecidos con su simple creencia de que la jueza Nancy Juárez “no tiene atribuciones” para ordenar la eliminación del Diario Oficial del decreto de liquidación de la independencia judicial. Pero es ella la que no es competente para declarar la nulidad de una resolución jurisdiccional. Y la que no está autorizada para desconocerla, ni para desobedecerla ni para pregonar su desacato porque la juez “no está por encima del pueblo”. Reveló así la continuidad de otro programa de su antecesor. Podría llamarse ‘Desacato para el bienestar’, camino a una crisis constitucional de consecuencias ominosas… para el pueblo.
Académico de la UNAM