Próxima elección; siguiente generación. La imagen y las palabras del presidente con la anterior y la actual secretaria de Educación transportan un mensaje para las próximas elecciones y otro para las siguientes generaciones. Quedó allí degradada la función educativa de la Secretaría al rol de organización y acción electoral, a través de dos organizaciones sindicales con más de un millón de votos de maestros, promotores, a su vez, de más votos. Pero aparte de alinear el aparato educativo del Estado a la tarea de llenar urnas de 2023 y 2024, el presidente cuenta con el fundamentalismo ideológico incrustado en la SEP, con línea directa a Palacio, para lanzar un plan ya anticipado de adoctrinamiento a niños y jóvenes, pensando, en efecto, en las próximas generaciones. El objetivo: apuntalar un régimen de dominio de largo plazo. Y ya esperan en el escritorio de la nueva secretaria inflamables programas y materiales educativos que seguro abrirán un nuevo frente en la conflictividad, ya encendida, de este fin de sexenio.
Atenuantes de responsabilidad para delincuentes. La gravedad de los anteriores escenarios convive en la conversación pública con la gravedad de la exhibición de capacidad de fuego, de despliegue estratégico, de crueldad y de impunidad de las bandas criminales. La esfera pública se estremeció por cuatro días de ataques en varios estados y municipios, incluyendo las dos principales ciudades fronterizas con Estados Unidos. Pero, además, ambos extremos de gravedad remataron en la gravedad tal vez mayor de la reacción del Presidente y sus jefes militares ante aquella especie de ensayo de insurrección de los carteles. Y es que la pretensión de minimizar los hechos padecidos directa o mediáticamente por millones de mexicanos, desencadenó una serie de efectos perversos. Porque una narrativa atenuante de los comportamientos criminales propició la percepción de propósitos también atenuantes de la responsabilidad de los criminales, por parte del Presidente, y más si se combina con el eslogan de los abrazos y la carta de protección a los delincuentes extendida también por el gobernante.
El laberinto de la simulación. Pero hay quizás un efecto más nocivo para el gobierno: el de desenmascarar la simulación de un combate al crimen basado en que el Presidente se reúne con sus generales todos los días. El hecho es que el gobernante se delató a sí mismo al sugerir que, en realidad, menos que reunirse para prevenir y combatir el crimen, se reúnen para ver cómo prevenir y combatir las informaciones sobre hechos criminales que se dan a conocer en medios y redes. De allí su intención anunciada de extender sus juntas con el gabinete de seguridad y las mañaneras a los sábados, a fin de negar o atenuar la realidad de la inseguridad pública, como con tanta solemnidad y tan nula credibilidad lo escenificaron el lunes. Responsabilizar a los medios y a los críticos del gobierno de los efectos sociopolíticos de las acciones criminales no alcanza a ocultar las nuevas formas de dominio de los cárteles y su desplazamiento del Estado como detentador del monopolio de la violencia legítima.
De ocupar territorios a ‘gobernarlos’. De la ocupación de territorios para realizar las actividades propias de sus negocios, las bandas transitan al control o la suplantación de las autoridades, con su determinación de imponer sus propias reglas de mando o sus propias formas de ‘gobierno’. Actuando como tal, el Cártel Jalisco Nueva Generación impuso el toque de queda a la población bajacaliforniana. Y, en correspondencia, la alcaldesa de Tijuana dio por buenas las ‘atribuciones’ de ‘gobierno’ del cartel para usar la violencia a fin de hacer cumplir su ‘ley’ a supuestos deudores malapaga, eso sí, pidiéndole que no proceda contra quienes no le deben.
