‘Fue el Estado’ o ‘Se fue el Estado’.
En los crímenes de Iguala contra normalistas de Ayotzinapa, de septiembre de 2014, resultó apabullante la cantidad y la diversidad de actores involucrados —por acción u omisión— en el ecosistema del narco, tanto exponentes de los tres órdenes de gobierno como del activismo extralegal de grupos de izquierda. Versiones macabras tras versiones macabras, la desinformación confundía desde diversos flancos. Y la inevitable politización del caso enturbió toda posibilidad de un esclarecimiento verosímil para la opinión general. El gobierno federal puso su parte con su distancia informativa inicial, percibida como indiferencia o intento de encubrir aliados o ex aliados. O, simplemente, pretensión de minimizar la tragedia.
A ello se agregó después una suerte de aturdimiento, parálisis y silencio prolongados mientras la indignación invadía las calles de la capital. Cuatro meses después de la desaparición de los normalistas, en enero de 2015: una eternidad para efectos de manejo de crisis, vino el informe pormenorizado del procurador, presentado como la ‘verdad histórica’ sobre aquellos hechos. Sólo que la apuesta naufragó en el remolino de un sistema de creencias trastocado por 120 días de titubeos oficiales, informaciones sin planeación, desinformaciones intencionadas y una consigna opositora tan eficaz como equívoca: ‘Fue el Estado’.
En la batalla de Culiacán de hace dos semanas no hubo más protagonistas que el presidente López Obrador y su gabinete de seguridad, con los hijos del Chapo Guzmán y la DEA. Y, salvo el representante legal de los Guzmán, que le agradeció la liberación de Ovidio al gobierno, el gobierno no ha aportado su prometida ‘verdad histórica’ en forma de una relación cronológica de los hechos. Son veinte días ya de filtraciones, especulaciones y trascendidos no negados ni confirmados: otra eternidad en el manejo de una crisis no reconocida por el Presidente. De hecho, desde que estaba ocurriendo la asonada criminal, López Obrador ha tratado de poner distancia en un intento de minimizar, y de tapar con otros mensajes, un episodio crítico de enorme trascendencia. Tanto, que del ‘Fue el Estado’ que se abrió paso desde Iguala hace cinco años, cobra terreno hoy el “Se fue el Estado”: desertó de su obligación de combatir el crimen y castigar a los criminales.
Negociar la verdad.
En esta percepción, no sólo se habría ido el Estado de Culiacán aquel jueves negro, sino que el Estado habría dejado de proteger a la población con su no estrategia de abrazos a criminales y con la liquidación de instituciones estatales como la Policía Federal y el Cisen, más el achicamiento de la Marina y su desplazamiento a las costas. A ello se agregan los recortes presupuestales y el desvío de los limitados recursos a la persecución de migrantes impuesta por Trump en tierra mexicana. Como en Culiacán, Trump le impuso a AMLO el regreso a la caza de capos, que el presidente mexicano había ya suprimido de sus planes.
Son hechos que no vendrán en la ‘verdad histórica’ esperada, como tampoco vendrá la identidad de los interlocutores ni los términos del arreglo con los criminales para la liberación de Ovidio y la retirada del Estado. A diferencia de la larga crisis de Iguala-Ayotzinapa, en la de Culiacán no hubo que invertir tiempo en colectar datos dispersos sobre lo ocurrido entre innumerables participantes. Aquí, el trabajo es negociar con las partes qué y cómo decir y qué y cómo ocultar.
Distractores.
El devocionario presidencial, una personal Imitación de Cristo estrenada el sábado, funcionó como distractor de la caída de Culiacán. Pero el estreno de la verdad histórica del desastre culichi puede funcionar hoy como distractor del fantasma de la recesión que reaparecerá hoy en el indicador oportuno del Inegi.
Profesor Derecho de la Información,
UNAM
