La mala educación. O le ocultaron ayer por la mañana lo que ocurría fuera de Palacio o el Presidente pareció cambiar, por un momento, su estrategia de intimidar, desestabilizar, desmoralizar y finalmente someter al Poder Judicial. Porque de pronto pasó del ataque frontal a ignorar el emplazamiento de un juzgado federal a la Secretaría de Educación para que acate la suspensión ordenada del reparto de los libros de texto. Pero odio o indiferencia de un poder constitucional a otro resultan malos ejemplos, sobre todo en temas que atañen a la educación de los niños. Y es que ayer el gobernante desdeñó la existencia misma del papel del Poder Judicial en una república democrática cuando aseguró que “no hay ningún impedimento” para que los reprobados libros de texto de la SEP lleguen “para el inicio de clases el 28 de este mes”, a pesar de la suspensión definitiva ordenada por una jueza federal, por violaciones graves a la Constitución.
Continuidad de la violación. “No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan esos libros”, remachó el Presidente, justo a la misma hora en que millones de ciudadanos, entre ellos, preocupados maestros y cabezas de familia, le daban seguimiento —en las primeras planas de los diarios y los espacios centrales de los noticiarios— al emplazamiento de 24 horas dictado por el mismo juzgado federal, para que la Secretaría de Educación Pública cumpla la suspensión definitiva de la impresión y distribución de los libros. Hasta la hora de enviar estas líneas, la SEP continuaba en el desacato de esa resolución con la excusa de no haber sido notificada del emplazamiento, por lo que siguió violando la suspensión que estaba obligada a acatar desde antes del ultimátum.
Para aprender a hacer trampa. Las lecciones presidenciales de mala educación de la mañana continuaron horas después con una ‘tarjeta informativa’ de la SEP, cuyo texto fue videograbado más tarde por la titular de la dependencia. Allí podrán los niños aprender a hacer trampa, a hacer pasar por legal lo ilegal, regularizar lo irregular y, finalmente, constitucionalizar lo inconstitucional. Porque, en los términos del artículo tercero constitucional, el Ejecutivo debe determinar los planes de estudio, punto que cumplió hace un año con la publicación de un pintoresco ‘Plan de estudio para la Educación Básica’. En la secuencia constitucional, de ese plan debieron derivarse los programas de estudio, mismos que el Ejecutivo no elaboró o reprobó, o los hizo pasar sólo como no presentados. Y si los programas no se elaboraron, tampoco pudieron cumplir con el otro mandamiento constitucional: considerar, en su elaboración, “la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación”. ¿Cómo ajustar todo eso a la Constitución?
¿Constitucionalizar lo ‘inconstitucionalizable’? El problema es que en esos programas -inexistentes y por tanto inconsultos- debieron basarse los libros cuestionados, que finalmente se elaboraron en el vacío, sin programas a los cuales referirlos, a escondidas de los gobiernos estatales y de los especialistas y demás “involucrados en la educación” que debieron consultar. Y así quedaron: exhibidos en sus grandes carencias pedagógicas y sus excesos de culto al gobernante; reprobados por los más altos exponentes de todas las disciplinas y merecedores de la suspensión definitiva dictada por la jueza. No obstante, tal estado de desahucio jurídica y social, la titular de la SEP anuncia ahora su fórmula para constitucionalizar lo inconstitucionalizable: un “mecanismo legal” que considere, ya con los libros en las escuelas, que entregarán “en tiempo y forma” los programas con los que todavía no cuenta pero que, dice, ya se utilizaron para elaborar los libros. Nueva Escuela Mexicana.
