Con la inminencia, reiterada por la autoridad sanitaria, del arribo de lo peor en la borrasca de contagios y muertes, todo indica que llegamos ahora también a la orilla de lo peor, hasta ahora, del régimen de la llamada Cuarta Transformación. Esto incluye tanto lo que deja ver el manejo presidencial de la emergencia de salud, como lo que asoma en la gestión de la crisis económica. Por un lado, impulsos excluyentes, descalificadores, de toda iniciativa de apoyo a personas y negocios al margen de la discrecionalidad presidencial y de sus esquemas clientelares. Y, por otro, una iniciativa de invasión por el Ejecutivo de facultades del Legislativo en materia presupuestaria, propia de estados de excepción o de regímenes de corte dictatorial.
El primer acto de este drama se escenificó hace unas semanas durante el informe de la exclusión de apoyos de emergencia a las empresas medianas y pequeñas ajenas a subvenciones, créditos a la palabra y otras ayudas transferidas directamente por el presidente López Obrador. Luis Rubio trazó entonces en su twitter una distopía en pocas líneas, a propósito de esa exclusión y de la festiva expresión presidencial de que la crisis le vino como anillo al dedo. “Sólo si el objetivo es tomar el control de toda la economía por medio de quebrarla”, alertó.
Aquella alerta sobre ese supuesto propósito presidencial pareció actualizarse este lunes con el rechazo del presidente al acuerdo del Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, para poner a salvo a decenas de miles de empresas proveedoras de los grandes conglomerados industriales. El objetivo final de este acuerdo es preservar las cadenas productivas durante el aislamiento. No obstante, el presidente les reprochó haberse puesto de acuerdo al margen de su voluntad. Y los acusó de querer imponerle a su régimen los planes de los empresarios y de la institución financiera internacional.
Esto apuntaría a develar el misterio de los planes presidenciales hasta ahora no explicitados ante la crisis. ¿Será que el CMN y el BID pretenden imponerle al presidente sus planes de apoyo a las empresas no apoyadas por un gobierno que tiene otros planes? ¿Estaría entre ellos tomar el control de la economía por medio de quebrarla, como sospechó Luis, empezando por llevar a la bancarrota a las empresas que ahora se rescatan? Misterio.
Para empeorar estas señales, el presidente envió al Congreso una insólita Iniciativa de Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para facultarlo, por sí ante sí, a reasignar el gasto federal en su totalidad. Es decir, podría volver a confeccionar el Presupuesto. O sea, suplantaría así la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. De consumarse estas reformas, como parece que ocurrirá, se pondría en entredicho el capítulo de la División de Poderes de la Constitución en el punto central del llamado ‘poder de la bolsa’. Contra el artículo 49, en los hechos, se reuniría en una persona a dos poderes, el Legislativo, que otorgaría en forma inconstitucional su facultad presupuestaria al Ejecutivo, que la ejercería.
Pero para depositarse funciones del poder Legislativo en el Ejecutivo, éste debería contar con facultades extraordinarias reservadas para casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. Y es el caso que el presidente ha minimizado las crisis en curso al grado de sostener que vamos requetebién… Salvo que perseverar en esta reforma podría abrir un crisis de inconstitucionalidad que comprometería a la Corte, si la cohonestara, como también hoy sería previsible.
Profesor en Derecho de la Información,
UNAM