Adiós a Carlos Rojas, mexicano imprescindible en la construcción (hoy interrumpida) de un estado democrático solidario. Y a Jesús Reyes Heroles, personaje de dos mundos, o sea, cabal hombre de su tiempo.
Triángulo de hierro. La visión del México real, combinada con la visión de futuro del presidente López Obrador, dibuja en el horizonte un paisaje de escalofrío: particulares inermes, sin instituciones protectoras de sus derechos elementales, en un país dominado en regiones y espacios estratégicos por el poderío de fuerzas criminales y regido en cargos públicos clave por efectivos militares. La pesadilla surge del temario explosivo de la información y la conversación pública en este primer mes de 2024. Violencia y grupos criminales en expansión, fuerzas públicas confundidas con fuerzas del crimen, crecientes territorios narcos fuera de control del Estado y un jefe del Estado en el extravío de sus obsesiones de prolongación del mando. Un gobernante, además, con prisa de mutilar y someter —con sus anunciadas iniciativas de reforma constitucional— los órganos estatales autónomos garantes de libertades y derechos. Ello, bajo la indulgencia oficial ante los visibles e impunes aprestos del crimen para irrumpir en los procesos electorales y en los cargos de gobierno. Y con las incesantes decisiones de palacio encaminadas a militarizar funciones y servicios públicos sobrevivientes a la devastación. A la vista, una sociedad cautiva en el triángulo de hierro del autoritarismo del poder político, el terror del poder criminal y la regimentación de la vida cotidiana por el poder militar. Una pesadilla de la que nos urge despertar.
El Plan de Macuspana. Tranquiliza el hecho —y sosiega el cálculo— de que AMLO no cuenta ahora ni contará en septiembre —si no hay mano negra— con la mayoría calificada de dos tercios en las dos cámaras del Congreso. Esto es, que ni en el último periodo ordinario de sesiones —a instalarse la próxima semana— de la actual Legislatura, ni en la próxima, pasarían las propuestas presidenciales de reformas a la Carta Magna. Sin embargo, López Obrador las presentará en diez días, para mayor escarnio, en el aniversario de nuestra Constitución democrático liberal con reforzados —en este régimen— derechos sociales. En el México ciudadano de este primer cuarto del siglo XXI, un gobernante mexicano esboza un sueño de dominio imperial sobre supuestos súbditos, sin derechos: un delirio frecuente en caudillos conservadores del siglo XIX. Y es que, de acuerdo con lo anticipado en sus anuncios, lo que AMLO estaría a punto de lanzar sería un plan de liquidación del modelo de estado constitucional democrático de derecho conquistado por generaciones de demócratas mexicanos. En la mira, una serie de nuevos derechos, libertades y garantías en el campo político electoral, de acceso a la información y combate a los monopolios, entre otras materias. Aficionado a forzar comparaciones históricas, quizás el Presidente encuentre al menos un lejano parentesco entre su actual, improbable ‘Plan de Macuspana’ —contra la moderna Constitución mexicana de hoy— con el Plan de Tacubaya contra la Constitución Liberal de 1857. Entonces, un presidente —Comonfort— secundó la rebelión en un autogolpe. Hoy, otro presidente se propone encabezar el golpe contra el vigente modelo constitucional.
Plataforma de campaña. La inviabilidad, este año, de una Constitución antiliberal y antidemocrática, hará de ésta una bandera de los últimos meses del periodo presidencial —y del siguiente periodo de poder pospresidencial— de López Obrador. Por lo pronto, será plataforma electoral de su candidata, subterfugio distractor de los saldos desastrosos del sexenio, sordina a las exigencias de rendición de cuentas y señuelo para imponerle la agenda electoral a la oposición.