Escalada contra la autonomía. Con la excusa de la duración del proceso universitario contra su allegada ministra Yasmín Esquivel, el presidente López Obrador arreció su ofensiva contra la UNAM. Sí, como la que precedió a los aprestos inconstitucionales para destruir al INE. Hoy insiste en ordenarle a las autoridades de la autónoma Universidad Nacional lo que tienen que hacer ante el veredicto del plagio de su cercana togada, calificado de inadmisible por el rector. A denunciarla, lo desafió el presidente, claro, ante una nominalmente autónoma Fiscalía, bajo el cálculo probable de que sería complacido con una resolución de que no hay delito que perseguir. El tema le sirve al Ejecutivo para intensificar la presión sobre la autonomía universitaria y cerrar el asunto para que la ministra permanezca como defensora de la constitucionalidad de leyes y medidas inconstitucionales, pero pertenecientes a la lista de asuntos “prioritarios” y “sensibles” para AMLO, como se lo planteó —sin éxito— el secretario de Gobernación a la nueva presidenta de la Corte.
Impaciencia y ansiedad. A un mes del descubrimiento de Guillermo Sheridan de las tesis gemelas de la ministra y otro alumno recibido un año antes, la impaciencia del presidente lo lleva a indicarle al rector, entre injurias, que resuelva ya, en el sentido señalado. Paradójicamente, lo reta a hacer valer así la autonomía, como diciéndole: atrévase. Pero también es grande la ansiedad de quienes apuran al rector a cancelar el título como héroe vengador ante la impostura. Esta excitación se entiende en un país —y con mayor énfasis, en un sexenio— en que los peores escándalos son sofocados por el paso del tiempo y la desestimación del presidente de la gravedad de las faltas de sus secuaces. ¿Combatir impunidad con arbitrariedad?
La UNAM no es una autocracia. Allí está la diferencia. Por un lado, decisiones y expresiones de un poder arbitrario: inconsultas, sin apego a leyes ni a procedimientos. Por otro, decisiones de un autogobierno universitario basadas en estructuras colegiadas, con apego a la legalidad y a los procedimientos de la casa de estudios. El rector Enrique Graue enunció la premisa de este contraste con su determinación de no actuar “en forma apresurada e irresponsable” ni a través de “juicios sumarios”, como, hay que decirlo ahora, lo hace todos los días el presidente. La UNAM no está gobernada por una autocracia en la que una persona decide qué hacer ante cada situación, a diferencia del régimen al que se encamina México con López Obrador.
En la trampa, presidente, Corte y UNAM. Sorprendidos por el hallazgo de Sheridan, la ministra y su valedor cayeron en la clásica doble trampa. Si asumían la falta, el efecto lógico del ilícito hubiera sido la separación del cargo y a otra cosa. De hecho, el descubrimiento ya bloqueó la temeridad presidencial de llevar a la presidencia de la Corte a la hoy cuestionada esposa de su contratista de mayor confianza. Y eso ya no es tema. En cambio, tratar de rehuir la realidad condujo a una trampa mayor, que mantiene atrapado al presidente, a la Corte y a la Universidad. Ahora, el presidente pierde, tanto si logra como si no logra mantener en su sitial a la ministra. Si lo logra, la Corte quedará expuesta al escarnio en cada participación y cada voto de la ministra controvertida. Y la UNAM, a través del rector, ha transparentado el dilema jurídico que enfrenta: la limitación de las entidades públicas de hacer sólo aquello para lo que están facultadas, ante una laguna de su legislación que no contempla el plagio de una tesis una vez aprobada y expedido el título, frente a una serie de posibles sanciones adicionales a emitir, las cuales, anunció el rector, están siendo analizadas por los órganos competentes. La ardua ruta de la legalidad.
Profesor de Derecho de la Información, UNAM
