Escenarios de pánico. Si llevamos a sus últimas consecuencias las observaciones de connotados especialistas sobre los alcances de la entrada en vigor de las reformas a ser aprobadas hoy por el oficialismo en el Senado, en 2024 podríamos tener escenarios de pánico: un INE impedido de organizar las elecciones, que podrían colapsar. En este extremo, podríamos no tener un presidente electo entre junio y agosto. Ni en septiembre un Congreso integrado para erigirse en Colegio Electoral y designar un presidente en ausencia del que debía surgir de las urnas, como lo establece la Constitución. El vacío de poderes constituidos sería llenado por un régimen de facto, desconocido en México desde el siglo antepasado. Claro. Claro. También podría el presidente ‘salvar’ al INE y al país de ese destino, dándoles la organización de las elecciones a sus siervos de la nación o a las fuerzas armadas.
Ante el abismo. Previstos o imprevistos por su autor los efectos de la arrebatada contrarreforma, lo cierto es que nada bueno se puede esperar de la destrucción de la estructura territorial del Instituto, que impedirá mantener actualizado el padrón electoral y contar con personal capacitado para instalar las casillas, así como con equipos de profesionales para el cómputo de los votos. Se está jugando la viabilidad de la organización electoral del país; se va a minar la capacidad de organizar la elección en 2024, advirtió Mauricio Merino, exconsejero del entonces IFE. La aprobación de las reformas nos coloca ante el abismo, lamentó Ciro Murayama, consejero del actual INE.
Ley AMLO y Método Zaldívar. Liquidar el sistema electoral constitucional a través de legislación secundaria es la médula de la Ley AMLO, como podríamos llamar al paquete de reformas de la iniciativa presidencial. El paquete podría afianzarse como hecho consumado para las próximas elecciones, incluyendo las presidenciales de 2024, a través del Método Zaldívar, aun ya sin Zaldívar en la presidencia de la Corte. El método consiste en congelar ―hasta por años― las acciones de inconstitucionalidad, como las que se anuncian contra esta aberración legislativa. Estas tendrían el mismo tratamiento de las acciones de inconstitucionalidad bloqueadas por el ministro Zaldívar, en espera de la llegada de nuevos ministros que conviertan lo inconstitucional en constitucional, como ocurrió con los temas de militarización, entre otros de especial interés del Ejecutivo.
Del linchamiento verbal a la disolución. Sin embargo, parece incontrovertible la inconstitucionalidad de leyes secundarias encaminadas a disolver desde la médula el entramado institucional del poder autónomo creado por la Constitución para organizar, arbitrar y garantizar elecciones confiables. Con la mutilación de facultades imprescindibles para cumplir su cometido y un enésimo, ya inmanejable golpe a las finanzas del Instituto Nacional Electoral, la Ley AMLO se propone coronar la campaña (fallida) de degradación y linchamiento públicos, a cargo de un alevoso, engañoso, hostil discurso presidencial. El propósito explícito del paquete legislativo es vaciar el órgano electoral de la autoridad y los medios requeridos para continuar su encomienda constitucional como el árbitro independiente y eficaz que ha sido hasta hoy.
Contra el límite temporal del poder. El sistema en demolición ha dirimido las últimas cuatro elecciones presidenciales con tres alternancias de diferentes partidos ganadores de la presidencia. Y esto le ha dado al país un entorno de civilidad, estabilidad y paz social en los procesos. Pero el presidente no comparte la idea de la alternancia ni el principio del límite temporal del poder, sea cual fuere la fórmula para evadirlos. Tampoco valora la civilidad en las contiendas políticas. Y, quizás, ni la estabilidad ni la paz social.
