La emergencia sanitaria visibilizó la importancia de contar con la plantilla de personal completa con la calificación y entrenamiento profesional para cuidar la salud y la vida de la población. Evidenció que la falta del recurso humano para la atención de los pacientes afectados por el Covid-19, y a la población en general, tienen un alto costo en vidas y en la salud de los mexicanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de diciembre 2018 se comprometió a regularizar a 86 mil trabajadores, depurar la planta laboral e incrementar la formación de profesionales de la salud. Se va hacer justicia y se va a cumplir con la ley dijo el presidente, sin embargo, a fines de julio del año en curso, el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell anunció la cancelación de la basificación y profesionalización, a la vez que se instrumentaba la contratación de personal temporal al margen de la legislación laboral de más de 50 mil enfermeras, médicos y trabajadores, incrementando así a 150 mil trabajadores precarios y debilitando la capacidad del sistema de salud para atender las secuelas de la pandemia incontrolada.
Una lacerante realidad es que en el sector salud, más de 150 mil trabajadores precarios no tienen la estabilidad laboral que marca la ley, carecen de prestaciones, vacaciones, aguinaldo, capacitación y seguridad social. Más de la tercera parte de los 300 mil trabajadores en los servicios de salud públicos SSA, tienen una plaza distinta a la función que desempeñan: odontólogos con plaza de técnicos, químicas con plaza de laboratoristas, enfermeras y médicos especialistas con plazas de auxiliares de enfermería o enfermeras generales afectando el servicio profesional. Durante la pandemia se ha abusado del personal precario incrementando un día la jornada laboral y reteniendo o postergando el pago de salarios.
Para la basificación incumplida, se destinaron en el presupuesto federal más de 11 mil millones de pesos para 2019 y 20 mil millones en 2020, por lo cual es inexplicable la cancelación de esta obligación laboral y la suspensión del programa de profesionalización, más cuando entramos en plena pandemia.
Ha sido muy importante la lucha contra la corrupción en diversos ámbitos de gobierno, pero en el sector salud continúa a pesar de la prioridad que ha declarado el jefe del ejecutivo. La falta de valoración del personal y la incapacidad del gobierno federal para enfrentar la corrupción del manejo de más de 100 mil plazas de empleados sanitarios por gobernadores, directivos de hospitales e institutos y charros sindicales ha postergado el fortalecimiento de la atención médica. El incumplimiento del convenio de descentralización de los servicios de salud en los estados por negligencia e ineptitud de los funcionarios federales, mantienen la violación a legislación laboral afectando la capacidad de servicio de las unidades médicas.
Los trabajadores de la salud han presentado propuestas de profesionalización y demandado la fiscalización de las nóminas, al presidente de México sin ser atendidas por funcionarios del sector, por lo que el 23 de octubre irán a Palacio Nacional para solicitar su intervención para que se cumplan sus compromisos de basificación y cancelación de deuda eterna del FOVISSSTE y eliminación de impuestos a reconocimientos y estímulos, por la salud y la vida de la Nación.
