Al presidente López Obrador le molesta sobremanera que comparen a su gobierno con otros; el suyo, para empezar, no es un gobierno más sino un nuevo régimen político. Tampoco le agrada que lo metan en el mismo costal con otros presidentes. El está muy por encima de ellos, en pos de un sitio en la historia oficial. Por cierto, el PAN también se presentaba como partido impoluto, pero una vez llegado al gobierno quedó claro que no era el partido excepcional que pretendió ser. Incurrió en mucho de lo que condenó al PRI desde la oposición. Eso mismo podría estar ocurriendo con Morena. Y es que siglas nuevas no implican vino nuevo.
Por lo pronto, que la corrupción sea un eje central en el discurso de López Obrador ha elevado significativamente la creencia de que ese esfuerzo va en bien. El respaldo al combate a la corrupción pasó de 24% en 2017 a 61% hoy, según Transparencia Internacional. Y quienes piensan que ha disminuido la corrupción pasaron del 6 al 21%. Nada mal. Pero para que el esfuerzo arroje resultados sólidos es necesario aplicar las sanciones correspondientes con un criterio universal, no de manera selectiva ni sólo por motivos políticos. Eso es lo que aún no queda claro. Por un lado, sigue la expectativa sobre si se llamará a cuentas a Enrique Peña Nieto, dado que AMLO ofreció (públicamente) un pacto de impunidad al gobierno saliente, que probablemente Peña haya aceptado (de ahí quizá sus desplantes). Y además, pareciera que se aplica una vara más amigable cuando las denuncias apuntan a miembros o aliados de Morena (“A los amigos, justicia y gracia”).
Y es que AMLO señaló en varios momentos que incluso los corruptos de otros partidos serían exonerados cuando cambiaran su chaqueta por la de Morena. Recordemos cuando un priísta tildado de corrupto por AMLO, Evaristo Hernández Cruz, se acercó a Morena con miras a integrarse. AMLO dijo entonces, con toda claridad: “Todo el que está en el PRI y decide pasarse a Morena, nosotros pensamos que se le debe perdonar… Al momento en que se sale del PRI, se limpió” (Proceso, 2/Feb/16). Pero una cosa es el perdón personal (de buen cristiano) y partidista que AMLO decida conceder a los corruptos por el hecho de incorporarse a Morena, y otra que desde el gobierno se quiera exonerar y proteger a sus aliados. Carlos Lomelí, ex delegado en Jalisco, fue denunciado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por tráfico de influencias desde su cargo. AMLO señaló entonces que era una campaña sucia contra su gobierno. Pero cuando la evidencia fue incontestable, la Función Pública se adjudicó haber descubierto el desfalco, y a Lomelí se le pidió su renuncia. Poco después, se le sancionó con cerca de un millón de pesos (buen negocio, pues obtuvo contratos por 164 millones con el gobierno actual).
Ahora Manuel Bartlett ha sido igualmente denunciado por falta de transparencia y posibles conflictos de interés, a partir de documentos oficiales. En 1995, AMLO había tildado de corrupto a Bartlett, pero al abandonar el PRI el obradorismo lo recibió con los brazos abiertos. Ahora AMLO protege a su aliado; confía plenamente en Bartlett y descalifica las denuncias, pues provienen de gente deshonesta, conservadores que quieren dañar a su gobierno. Pese a lo cual la Función Pública abrió una investigación a Bartlett. Habrá que ver cómo se fundamenta el caso, pues existe la sospecha de que al haber lanzado López Obrador una línea de exoneración Bartlett, veremos algo semejante a lo ocurrido con la Casa Blanca en el gobierno de Peña Nieto, a manos del entonces secretario Virgilio Andrade. Podría ser una fuerte mancha para este gobierno cristalino.
Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1
