A Xóchitl Gálvez, por su empeño y disposición
Muchos dan por sentado que la legitimidad de un régimen político está asociado a su grado y eficacia de su democracia.
Pero resulta que la legitimidad puede ser distinta a la democracia. Hay monárquicos y gente que ve bien las dictaduras (del proletariado, por ejemplo) o personales o incluso militares.
En México, pese a que la bandera de Madero era la democracia política, la legitimidad que dio la revolución al régimen que de ahí surgió le permitió configurarse como uno autoritario (partido hegemónico).
No podía constituirse como partido único porque para reconocerlo, Estados Unidos exigía un formato democrático (aunque no funcionara realmente como tal).
El partido oficial de 1929 gozó de legitimidad revolucionaria; conforme pasó el tiempo, eso se fue debilitando pero la sustituyó con medidas sociales (sindicalismo, reparto agrario y crecimiento económico), de forma tal que la mayoría de ciudadanos seguía respaldándolo, pese a su falta de democracia.
Paradójicamente, una parte de su legitimidad consistía en parecer democrático, aunque no lo fuera.
Por eso, cuando cuando en 1958 el PAN se retiró del Congreso, se hizo una reforma que creó los diputados de partido (los plurinominales en embrión) para motivar a la oposición a seguir participando.
En 1976, hubo candidato único del PRI y eso le volvió a restar legitimidad al régimen.
Lo cual motivó la reforma de 1979, aceptando nuevos partidos y creando 100 diputados plurinominales (sólo para la oposición).
Pero por otro lado, entre 1970 y 1982 se tomaron medidas económicas que al régimen le restaron legitimidad por desempeño, dando lugar a un cambio de política económica (el neolibaralismo).
Eso obligó a Miguel de la Madrid a reconocer algunos triunfos de la oposición, pero no en los estados (Chihuahua). Y mucho menos aceptar la posibilidad de ceder la presidencia (1988).
La ruptura del PRI en 1987 y la elección de 1988 restaron más legitimidad democrática al régimen, y al no contar ya con otro tipo de legitimación, el PRI tuvo que ir abriendo el sistema poco a poco (con Salinas).
La crisis económica de 1994 orilló a Ernesto Zedillo a dar el paso decisivo en 1996. Es decir, a menos legitimidad, mayor apertura democrática.
La hegemonía priísta se acabó en 1997. Cuando regresó el PRI al poder con Peña Nieto en 2012, muchos opositores temieron una “restauración hegemónica”.
Mi opinión fue que, aunque Peña lo quisiera, no podría hacerlo, tanto por falta de fuerza política (en el Congreso) como de legitimidad (baja popularidad).
En cambio, cuando se vislumbró desde 2016 el triunfo de AMLO, sí expresé mi preocupación por la democracia. Para mí, su triunfo en 2018 parecía seguro. Y él era un claramente anti-democrático.
De llegar con fuerza suficiente al poder, iniciaría el retroceso democrático. Así ocurrió.
Obtuvo más votación de la esperada y mucha fuerza en el Congreso. Y empezó el desmantelamiento, aunque no fue inmediato (porque no se podía): sometimiento de la CNDH, desaparición del INEE, ataques al INE, control (temporal) de la Suprema Corte, presión sobre la Auditoría Superior, acoso al TEPJF, parálisis del INAI, etc.
Y si bien AMLO no pudo desmantelar la incipiente democracia mexicana, si la debilitó.
Además, su poder le permitió organizar una exitosa Elección de Estado en los años previos a la presidencial, como acabamos de constatar.
Ahora, con mayoría calificada y la legitimidad del 60 % de votación (aunque no toda sea genuina), la nueva Presidenta tiene la posibilidad de continuar el desmantelamiento de la democracia (liberal), como lo ha adelantado.
Veremos si se va a fondo o se modera, pero de que puede, puede, justo porque goza de gran fuerza y la gran votación derivada de las urnas.
Veremos qué decide, y hasta dónde puede hacerlo bajo su propio criterio, y no el de su antecesor.
Analista. @JACrespo1
