El combate a la corrupción y el fin de la impunidad ha sido una de las principales banderas de López Obrador (otra es la lucha contra la pobreza y la desigualdad). Durante su larga campaña desplegó su propia austeridad como sinónimo de honestidad (cosa que muchos le creyeron), y como ariete para golpear la corrupción del PRI y el PAN en sus respectivos gobiernos. Prometió que la corrupción bajo su gobierno no sólo se reduciría, sino que la “erradicaría”, y que la impunidad dejaría de ser vigente, pues se aplicaría la ley “caiga quien caiga” y “hasta donde se llegue”, como también ofrecieron en su momento priistas y panistas (sin que en realidad se avanzara gran cosa). Millones creyeron que en efecto su triunfo se traduciría en un embate serio a la corrupción y la impunidad, y ese sigue siendo el eje de su retórica cotidiana por más que la realidad vaya por otro lado. Paradójicamente, dos años antes de la elección presidencial, AMLO lanzó en uno de sus libros la oferta al gobierno en turno de que, si lo dejaban llegar al poder, no lo llamaría a cuentas, “para que el mundo no se les venga encima”. Tras la experiencia de 2006, decidió continuar con la tradición política mexicana de pactar la impunidad del gobierno saliente: “A los integrantes del grupo en el poder que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie… Declaramos enfáticamente que lo que se necesita es justicia, no venganza” (2018: La salida; 2016).
La forma en que termina el párrafo refleja la distorsión de conceptos; para él, justicia es perdonar, amnistiar, en cambio aplicar estrictamente la ley equivale a una venganza. Es a la inversa; amnistiar en ciertos casos y penalizar por venganza personal va justo contra la justicia. Ha dicho AMLO que prefiere mirar al futuro que al pasado (aunque retóricamente hace lo contrario). Eso hicieron los demás presidentes, con los resultados conocidos. Y eso se refleja en los contrasentidos de la “consulta sobre la justicia del pasado”; AMLO propuso preguntar a la gente si se debe aplicar la ley, pero al mismo tiempo confiesa que no le parece adecuado juzgar a los expresidentes penalmente —sólo lincharlos políticamente— y que por eso no participará en la consulta . De nuevo, el uso político de la ley.
Mientras tanto, insiste en la pureza de su gobierno frente al lodazal del “Antiguo Régimen” , y que “ya no es como antes”. Pero aflora otro video que recuerda y confirma que no es realmente distinto a los demás. Si bien en el caso de Pío se recurrió a la maroma de que se trataban “aportaciones ciudadanas” para una causa superior, ahora avala la inverosímil explicación dada por el propio David León : un préstamo personal a Martín L. O , que nada tiene que ver con partidos, causas históricas o campañas electorales . Sólo que hay dos peros (al menos); Martinazo dice que ese dinero es de su hermano (quizá de Pío), y el préstamo fue grabado por León. Bien sabemos que se graban actos ilícitos para protección del donador, o para un uso político posterior, dependiendo de las circunstancias. Algunos obradoristas señalan que su partido incurre en ilícitos, “pero menos que el PRIAN”, con lo cual reconocen implícitamente que las diferencias entre su partido y los demás no es de orden cualitativo como pretende AMLO, sino sólo cuantitativo (se roba, pero poquito).
Y de inmediato, viene el anuncio de investigación de Ildefonso Guajardo, siendo que tales indagaciones deben permanecer en confidencialidad. Lo que se busca es propaganda política, no combate serio a la corrupción ni el fin de la impunidad. Y sabe también AMLO que, si bien él “no es tapadera de nadie”, sí lo es en los hechos de sus aliados ( Bartlett , Lomelí , Salgado ) y parientes (Pío, Felipa, Martinazo), por lo cual no se penalizará a nadie que no quiera el presidente. Así la lucha contra la corrupción y la impunidad en esta gesta histórica de México.
@JACrespo1