El salpicadero de Emilio Lozoya llegó al INE, pues pese a que ahora los cuatro nuevos consejeros tuvieron el aval de Morena y sus aliados, se retoma la acusación de que hasta ahora esa institución sólo ha estado dedicada a hacer fraudes a favor del PRI y del PAN (incluso que incurrió en fraude en 2018, pero no a favor sino en contra de AMLO). Y es que los obradoristas reclaman que en 2012 entró dinero sucio proveniente del caso Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y el IFE no hizo nada por evitarlo, denunciarlo o sancionarlo. En efecto no lo hizo, probablemente porque no se enteró. Asumen los obradoristas que el INE tiene todos los instrumentos para detectar el dinero ilícito que desde siempre ha entrado en las campañas. No es así. Sabemos por diversos estudios que el dinero ilegal que llega a las campañas supera a los fondos legales en varias veces. Pero justo por ser ilegal, ni los donantes ni los beneficiarios publicitan sus acuerdos por debajo de la mesa. En algunos casos tales acuerdos salen a relucir, pero no precisamente porque el IFE los haya descubierto. En cuyo caso lo que sí procede es la aplicación de multas (como ocurrió en el Pemexgate y en Amigos de Fox, en 2000). Pero son los partidos los que han determinado los mecanismos, y ampliar sus capacidades de investigación exigiría mayor presupuesto (de lo que también se quejan los obradoristas).
En 2006 el IFE, a mi parecer, se quedó corto en brindar transparencia al resultado al abrir un mínimo de paquetes electorales, cuando según el TEPJF hubo que abrir todos aquellos que la ley permitiera (es decir, todos con cualquier inconsistencia aritmética). En 2012 el IFE debió sancionar el caso Monex, y no lo hizo. En 2015, debió retirar el registro al PVEM —hoy aliado de Morena para sorpresa de nadie— por faltas sistemáticas a la ley. En cada caso cabe la pregunta de si actuaron dentro de sus facultades o no, pues que no se esté de acuerdo con alguna resolución de órganos colegiados no implica que deba considerarse a los miembros como traidores, removerlos y encarcelarlos como frecuentemente se sigue de la lógica obradorista.
Como sea, el caso Lozoya da nuevas municiones a los obradoristas para disparar contra Lorenzo Córdova, pues él era consejero del IFE en 2012. Pero también se responsabiliza a otros consejeros del presunto fraude realizado en 2018 contra AMLO (y que no han explicado en qué consistió). Mi posición al respecto es que, si en verdad hubiera alguna responsabilidad de los consejeros, Morena debe llamarlos a juicio político, según estipula la ley. En tal caso, se tendrían que ofrecer las pruebas de que en efecto esos consejeros habrían incurrido en faltas graves, corrupción, fraude u otros ilícitos de los que se les acusa. Y de probarse tales faltas, proceder a su remoción y, en su caso, se apliquen las sanciones legales. O bien que se disipen los cargos que se les imputan. Sólo así habría congruencia con la idea de que estamos construyendo un genuino Estado de Derecho, como asegura AMLO. Pero no parece ser ese el estilo de la “4T”; es más fácil lanzar acusaciones a diestra y siniestra a partir de cualquier presunción con propósitos políticos. Y desde luego, preparar el terreno para acusar fraude al INE en caso de resultados insatisfactorios.
Profesor asociado del CIDE. @JACrespo1
