Desde el inicio del gobierno de AMLO, este y sus corifeos empezaron a hablar de un “golpe blando” de opositores y disidentes en contra de la supuesta transformación utópica de ese presidente. Incluían todo, incluso reuniones normales entre ciudadanos o partidos, los planes para formar una coalición partidista (como la que hubo en 2021), la crítica en los diversos medios, y hasta las peticiones de medicina por parte de los padres de niños con cáncer.
Es decir, incluso cosas que son normales en una democracia, la presentaban como una conjura golpista. Poco antes de la elección de 2024, AMLO habló de un “golpe de Estado técnico”, presumiblemente refiriéndose a que en el INE o el TEJPJ pudieran tomar decisiones contrarias a Morena.
Ocurrió justo a la inversa; AMLO logró una mayoría de 7 frente a 4 en el INE, y 4 contra 1 en el TEPJF para que interpretaran la Constitución de modo tal que se le diera a la coalición gobernante una mayoría calificada sin haberla obtenido en las urnas (55% frente a 73%), al tiempo que eso le quitaba a la oposición la posibilidad de impugnar leyes anticonstitucionales, (que requiere 33%), al reducir su votación de 45% a 27%.
La última vez que el gobierno había tenido mayoría calificada fue en 1982, y la última vez que se había dado tal distorsión entre porcentaje de votos y de diputados fue en 1952. Un retroceso de 70 años (lo que duró el régimen priísta).
Pero esa mayoría se consiguió a través de un fraude constitucional al Art. 54 que regula ese reparto. Literalmente ese artículo habla de partidos, cuando en 1996 partidos era equivalente a coaliciones. Pero un cambio legal en la ley electoral diferenció esas dos figuras. Había, pues, la posibilidad de interpretar el artículo 54 bajo la interpretación de partido o de coalición. Pero resulta que con cualquiera de ellas Morena no conseguía la mayoría calificada, por lo que el cooptado TEPJF optó por aplicar los dos criterios opuestos y contradictorios, al mismo artículo, de forma que permitiera a Morena tener esa mayoría calificada.
Con lo cual le dieron la puntilla a la democracia, pues una de sus condiciones esenciales es que ninguna fuerza política pueda cambiar por sí misma la Constitución. Ese fue el objetivo principal de la reforma de 1996.
Viene después el pleito con la Corte. Ésta decidió revisar la reforma constitucional en materia judicial para ver si no entra en contradicción con algunos de los derechos humanos que son irreversibles (como lo afirmaba Arturo Zaldívar antes de venderse) o un tratado internacional (que tienen rango constitucional desde 2011).
Tanto Claudia como Morena afirman que la Corte no tiene ese derecho y, de nuevo, los acusan de golpistas. Explican sin embargo los expertos, que la Corte no puede en efecto revisar el producto de un Congreso constituyente (como los de 1824, 1856 y 1917), pero tienen el derecho y la obligación de revisar lo que aprueban los Congresos constituidos (como el de ahora).
Por lo visto, de eso no entienden nada en Morena (o se hacen tontos para imponer su dictadura).
El problema puede acentuarse gravemente si la Corte encuentra que sí hay alguna contradicción, y la presidenta y el Congreso simplemente lo desacatan bajo el argumento de que su interpretación es la buena, y no la de la Corte.
Pero la propia Constitución obliga a los poderes a acatar las decisiones que tomen los demás poderes según sus facultades.
Si hay desacato presidencial, entraremos en una crisis Constitucional donde el debilitado Estado de Derecho se vendrá para abajo.
Y las consecuencias políticas, económicas y sociales de esa situación pueden ser muy graves.
ESPAÑA: Poca gente se percató de que la extemporánea petición de AMLO y ahora de Claudia de que la corona española pida perdón por la Conquista, ya lo hizo el rey Juan Carlos en 1990, frente a un grupo originario en Oaxaca, y con toda claridad. Sería bueno que el gobierno se informe primero antes de hacer ridículo tras ridículo a nivel internacional.
Analista. @JACrespo1