Al encabezar Fox y López Obrador una alternancia primeriza (del PAN y la izquierda respectivamente) despertaron grandes expectativas de cambio en diversos temas. Hay uno en especial en el que coincidieron en sus respectivas campañas: el combate a la corrupción y el fin de impunidad. Ambos lo pusieron como una meta prioritaria y esencial de su respectivo “cambio”. La pregunta entonces es ¿qué tanto el gobierno de Fox, a partir de su origen electoralmente democrático y un partido tradicionalmente comprometido con la honestidad y combate a la corrupción, logró avanzar en ese terreno?
Y es que, en un proceso de transición democrática, donde parte de las reglas e instituciones del pasado siguen operando y las de la democracia son incipientes, frágiles o que no existen aún, el hecho de que se haya logrado democratizar la vía de acceso al poder no se traduce automáticamente en la democratización del ejercicio del poder. De ahí la pertinencia de evaluar si en ese campo hubo avances y qué tan significativos fueron durante el primer gobierno de la alternancia en México. Fox fue, pues, insistente en su compromiso de limpiar la vida política nacional a través del llamado a cuentas de los abusos de poder del régimen priísta, así como de su propio desempeño en el gobierno a partir de la honestidad, la legalidad y la transparencia. Un compromiso moral con la nación, en otras palabras.
Siendo candidato, Fox señaló, como parte de su compromiso moral, que de ganar la Presidencia “lo primero que tendré qué hacer será reconstruirla en términos de autoridad moral... Esa autoridad moral es muy sencilla de alcanzar… la dan la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas”. Idéntico a AMLO. Una de sus ofertas electorales más importantes fue “Desarrollar un marco jurídico acorde con las condiciones actuales, para que la autoridad y los ciudadanos se conduzcan con legalidad, transparencia y honestidad… Nuestra premisa fundamental es la honestidad en el manejo de los recursos y su total transparencia” (A Los Pinos, 1999).
Dijo también: “No es posible contener la justa indignación social: los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas; no habrá para ellos borrón y cuenta nueva. No habrá piadoso olvido para quienes delinquieron; tampoco habrá tolerancia para quienes pretendan continuar con privilegios hoy inaceptables”. Pero paradójicamente, el gobierno con más legitimidad democrática hasta entonces, con mayor legitimidad y respaldo ciudadano para llamar a cuentas a los corruptos del pasado y presente, se convirtió en el de mayor impunidad en los últimos años. Los últimos gobiernos del PRI, al carecer crecientemente de legitimidad política se veían obligados a resarcir ese déficit llamando a cuentas a uno o dos “peces gordos”, así fueran sólo una muestra del gran acuario revolucionario, y consistieran generalmente en los enemigos personales del presidente entrante. En cambio, la legitimidad democrática de Fox le permitió no llamar a cuentas a nadie, incumpliendo su promesa.
En realidad, AMLO tampoco ha cumplido (ni probablemente lo hará) su compromiso de llamar a cuentas a los corruptos del pasado inmediato, salvo algunos casos paradigmáticos como a Emilio Lozoya y Rosario Robles cuya prisión tiene todas las características de la venganza personal (como hacía el viejo PRI). Lo que difícilmente veremos es que se llame a cuentas a cualquier aliado, subordinado o pariente de López Obrador, que quedan congelados previa defensa del propio presidente. Ejemplos sobran. Tampoco llamará a cuentas a Enrique Peña Nieto, a quien desde 2016 ofreció un pacto de impunidad a cambio de que le facilitara su triunfo, y con gran seguridad y bajo las circunstancias vigentes, probablemente lo aceptó. En algo sí se parecen Fox y AMLO; en su incumplimiento de combatir seriamente la corrupción y poner fin a la impunidad. Seguiremos como siempre. Nada de cambio “real” ni “verdadero”.
Analista.
@JACrespo1
