Pese a haber ofrecido erradicar la corrupción, poner fin a la impunidad e instaurar un Estado de Derecho de corte escandinavo, L. Obrador ha hecho una burda utilización política de la ley, como antes otros gobiernos; intimidar y doblegar a sus adversarios para obtener un favor político, desahogar venganzas personales, proteger amigos y parientes, incurrir en infracciones electorales para su causa y pasar por alto la Constitución al aprobar leyes a modo. Es conocido, por ejemplo, el caso del ministro Medina Mora, quien fue amenazado de ser procesado por motivos de corrupción, y se le ofreció impunidad a cambio de dejar su cargo para ser ocupado por un afín al Presidente.
Rosario Robles, presa tres años sin haber sido juzgada y sin estar acusada de un delito grave, fue víctima de una clara venganza personal. En cuanto a Ricardo Anaya, parece también venganza por el maltrato y los ataques que hizo el panista a AMLO durante la campaña de 2018. Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya en su contra no coinciden ni en fechas ni en lugares con la realidad y la FGR incluso señaló que todo el dinero de Odebrecht quedó en manos de Lozoya. Pero la orden de aprehensión sobre Anaya sigue vigente.
Y la amenaza contra Alejandro Moreno, de que se “irían con todo” en su contra de no votar el PRI a favor de la reforma eléctrica, refleja de nuevo el uso político de la ley. El gobierno cumplió su amenaza y lo empezó a perseguir, no sin fundamento, pero con clara intención política. Se le hizo una oferta que no podría rechazar; impunidad a cambio del voto de la bancada priista a favor de la iniciativa para prolongar la estancia del Ejército en las calles. Pero, además, eso sirvió para golpear a la posible alianza opositora, dejándola colgada de alfileres. En contraste, cuando los acusados son colaboradores, aliados, amigos o parientes del Presidente, él hace como que le habla la virgen, decreta que se trata de gente vertical e íntegra y caso cerrado. Cero impunidad. No es casual que el indicador de corrupción de Transparencia Internacional, que entre 1995 y 2018 promedió 3.2 (de diez puntos máximo), el año pasado fue de 3.1. Es decir, la gente no percibe cambios relevantes.
No digamos ya el manejo que se le ha dado al caso Iguala desde que surgió en 2014, con una clara intencionalidad política que surtió buen efecto, pero ahora se le está enredando fuertemente al gobierno actual, pues se ha ubicado entre quienes defendieron a los padres de los estudiantes asesinados y el Ejército, antes visto como enemigo y ahora uno de sus principales aliados. En ese tema, se dio un viraje discursivo y pragmático cuando se saltó de la oposición al poder; la ley interpretada a modo (o desconocida del todo, cuando así conviene al gobierno).
Desde la perspectiva electoral, obradoristas distinguidos y el partido oficial violentan la ley ganando terreno hacia el 2024 en detrimento de la equidad, lo que antes condenaban en el PRI y el PAN. Y se protege a quienes claramente han incurrido en delito electoral. La Fiscalía para Delitos Electorales parece pintada en la pared; un ornato dedicado a congelar casos comprometedores (como los de Delfina Gómez y Pío L. Obrador, entre otros). Dado el desprecio por la legalidad de este gobierno, muchos vemos que la de 2024 será una elección que registrará una serie de ilícitos y triquiñuelas impulsadas e incluso financiadas desde el gobierno y con aval presidencial, para garantizar el triunfo de Morena
¿Todo esto es congruente con la democracia? Al contrario. Pasamos del apotegma moderno de “la ley hace al rey”, al de “el rey hace la ley”, propio del añejo absolutismo. Un legado de este gobierno será pues un Estado de Derecho hecho jirones, que bien podría calificarse como Estado de Desecho, exactamente lo contrario de lo que se ofreció.
