Buena parte del debate (y los ataques) en torno al INE tiene que ver con sus gastos, presupuestos y responsabilidades. Se ha dicho que es la institución electoral más cara del mundo; depende de con qué funciones y características de las distintas instituciones del mundo se haga la comparación, así como de sus respectivas condiciones histórico-políticas (Cfr, Roberto Castellanos, “El INE no es el instituto electoral más caro del mundo”, México Social, 18/Nov/21). En el caso del IFE, a muchos les pareció en su origen (yo incluido) que la estructura permanente era muy grande, y por tanto requeriría de mucho personal de tiempo completo, pese a que sólo se ocuparía de organizar las elecciones cada tres años. Se dijo que ello respondía a la gran desconfianza histórica que prevalecía en nuestro país y que se requería de gran organización institucional para combinar eficacia con credibilidad. En efecto, quizá conforme se avanzara en México se podría adoptar un esquema más reducido, como ocurre en varios países. También a muchos nos pareció excesivo el financiamiento público a los partidos, cuya justificación era que, de haber mayor permisión a capitales privados, menor autonomía tendrían los partidos y los gobiernos electos (de cualquier forma se mueve mucho dinero ilegal por debajo de la mesa).
También los partidos, justo por la suspicacia electoral prevaleciente como legado histórico, le han incrementado responsabilidades al IFE-INE, lo que implica más recursos. Surgió por ejemplo en 1994 la credencial con fotografía, evitando así los votos múltiples y votantes fallecidos; dicho documento empezó a ser utilizado como identificación oficial. El Registro Federal de Electores, dependiente del INE, absorbe gran cantidad de sus recursos. Se ha planteado también que la identificación surja de alguna otra institución, pero al final se ha dejado la credencial electoral con esa función. Y también se ha exigido gradualmente al INE la vigilancia sobre los contenidos electorales en distintos medios, para propiciar la mayor equidad posible, así como mayor seguimiento del financiamiento de los partidos, en tiempo real (lo cual eleva los costos).
El origen de los elevados salarios de los consejeros probablemente se haya olvidado a la mayoría; en 1994 se eligieron a cuatro consejeros ciudadanos que, junto con el secretario de Gobernación, serían los únicos con voz y voto (los representantes de los partidos ya sólo tendrían voz). Uno de ellos, Miguel Ángel Granados Chapa, propuesto por el PRD, siguió con su columna, en la cual hacía abierta publicidad a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando diversos partidos le dijeron que no convenía que un árbitro hiciera abierta campaña, respondió que no por ser consejero dejaría su actividad como periodista y comentarista. A raíz de lo cual en la reforma de 1996 se decidió otorgar a los consejeros un salario bastante elevado, para garantizar que no realizaran otras actividades que (como profesores, escritores, periodistas o conferencistas), que sí pueden hacerlo diversos funcionarios públicos. Fueron los partidos, no los propios consejeros, quienes tomaron todas esas decisiones. ¿Pueden reducirse los salarios y prestaciones en cierta medida? Sin duda, pero será más por una cuestión simbólica que económica (no se ahorrará gran cosa).
¿Podría reducirse significativamente el presupuesto del INE? Creo que pueden hacerse ajustes, reducir gastos en algunos temas, pero no creo que el ahorro fuera muy elevado si es que se decide dejar las actuales responsabilidades al Instituto, y se quiere que se haga bien. Si le quitan algunas de ellas, habrá ahorro sustancial, pero con un déficit de eficiencia. Por lo pronto, no veo cómo realizar cabalmente una consulta de la misma amplitud y características que una elección presidencial, sin recursos para ello. En la consulta de agosto sobre el “juicio a expresidentes”, la Corte dijo al INE que debió prever ese ejercicio y haber solicitado el presupuesto requerido desde 2020. Fue lo que hizo ahora y tampoco. No alcanzaría ni sacrificando el salario de los consejeros. Veremos el desenlace jurídico y político de este lío.
Exprofesor del CIDE.
@JACrespo1
