Muy enojado quedó López Obrador con el dictamen de la Suprema Corte que echó abajo la ley para trasladar la Guardia Nacional al Ejército, pues claramente violaba el artículo 21 c institucional. No es necesario ser doctor en derecho para confirmarlo; basta con saber leer y escribir.
AMLO despotricó contra los ocho ministros que la rechazaron acusándolos de todo, pero en concreto de haber aplicado un criterio político en lugar de uno jurídico.
Ocurrió justo lo contrario; esos ocho ministros aplicaron exclusivamente el criterio de constitucionalidad, los otros aplicaron “la lealtad ciega”, un criterio político.
Los ataques de AMLO y sus corifeos en sentido de que esos ministros desean el mal para el país, que no sopesan la necesidad de que la Guardia Nacional se militarice, parten de la falsa premisa de que es función de la Corte analizar los pros y contras de cada política pública del gobierno vigente, plasmada en una ley.
Evidentemente esa es la función del Ejecutivo y del Congreso al votar o rechazar leyes. A los ministros solo les corresponde determinar si la ley es compatible con lo que establece la Constitución, más allá de los propósitos o efectos que podría producir. A López Obrador no le habría caído mal un curso de “Introducción al Derecho” durante su carrera. Se hubiera ahorrado muchos ridículos.
Y por supuesto que AMLO reflejó su vocación antidemocrática al señalar que dos ministros por él propuestos le deben lealtad ciega, contraviniendo la división de poderes, de toda democracia. Queda claro que a AMLO le molesta la democracia y por si él fuera ya la hubiera desmantelado (por fortuna, encontró una bastante resistente).
Ante la humillación recibida, AMLO buscará lo que llama el Plan C; convocar a los ciudadanos a votar masivamente por su partido en el Congreso para contar así con mayorías calificadas, en cuyo caso podrá cambiar la Constitución a su entero gusto.
Al decir esto, el presidente reconoció implícitamente (sin darse cuenta) que la ley recién rechazada por la Corte era en efecto anticonstitucional.
Se queja igualmente de que su epopeya histórica no se haya traducido en una nueva Constitución como ocurrió en las otras tres (1824, 1857 y 1917). La respuesta es que su “epopeya histórica” no es tal, sino sólo producto de su imaginación y la de sus feligreses que ven las cosas como se las dicta su líder.
Se ve difícil que Morena gane esa mayoría en ambas cámaras (así ganase la Presidencia), pero lo que podría ocurrir es que más adelante él o su sucesor coloque nuevos ministros incondicionales, logrando a cuatro de 11 y así gobernar por encima de la Constitución.
Ese es el flanco débil de la Corte; una ley absurda que debiera modificarse de tal modo que sean seis los votos necesarios para avalar una ley anticonstitucional.
De lo contrario, existirá siempre la posibilidad de que el presidente en turno (de cualquier partido) cuente con el apoyo incondicional de sólo cuatro ministros, y con un gobierno saltando la Constitución.
El otro cambio debiera hacerse en la fórmula para nombrar ministros (y los cargos en las instituciones autónomas), sería quitando al Presidente y los partidos de dicho proceso, y dejándolo en una comisión de expertos no partidistas, designados por diversas universidades. Sería un gran avance para evitar conductas serviles y lacayunas de los ministros, consejeros y comisionados hacia el poder y los partidos.