Lo que ha ocurrido con el exministro Arturo Zaldívar y las propuestas de morenistas para sustituirlo, reflejan claramente que nuestras reglas para nombrar a los ministros de la Corte, pero también a otros encargados de instituciones autónomas, aunque se consideren democráticas, no lo son.
En realidad son contrarias a la vigilancia eficaz y división de poderes, y autonomía institucional; que aquél que va a ser vigilado pueda elegir a quien lo va a vigilar; conocidos, amigos o correligionarios.
Y además de la amistad o la afinidad política que pueda haber entre vigilantes y vigilados, los primeros saben que le deben su cargo a los segundos, por lo cual fácilmente eso se traduce en una sensación de agradecimiento que puede y suele desvirtuar el ejercicio eficaz de la vigilancia y la autonomía.
Ejemplos sobran; veamos la abyección de la directora de la CNDH, sin límite. Y los ministros que han estado subordinados incondicionalmente al presidente (empezando por Zaldívar). Y el hecho de que el Presidente haya vetado a dos comisionados del INAI, por no ser suyos, dejando a esa institución atorada, y los miembros del INE que juegan con el partido que los promovió (pasaba también desde luego con el PRI y el PAN, en muchos casos).
El problema no es que tal o cual partido esté gobernando. Cuando están en la oposición condenan esos sesgos, pero cuando llegan al poder no dudan en aplicarlos, incluso de manera burda y cínica, como ahora.
El problema está en la fórmula; los vigilados (Ejecutivo y Legislativo, esencialmente) no deben elegir a sus vigilantes, pues desde ahí se desvirtúa todo.
Tampoco se trata de la locura de que tales cargos sean electos por voto universal, pues no se trata de que ofrezcan tal o cual ideología o proyecto de gobierno, sino que sean expertos en sus respectivos temas.
La salida sería que sean nombrados, cada vez que se requiera, por una comisión de entre 15 o 20 expertos en cada tema, electos por distintas universidades a solicitud del Congreso. La probabilidad de que sean gente sin interés político inmediato es elevada, y por tanto también de que elijan a los aspirantes a partir de su experiencia y conocimiento técnico, no de sus conexiones o posturas ideológicas, y menos militancia partidista.
En ese sentido, hay una propuesta semejante a esa en el plan que presentó José Ángel Gurría como parte del proyecto del Frente Amplio por México.
En el capítulo de Democracia y Estado de Derecho se incluye esta fórmula. Una Comisión de expertos nombrados por distintas universidades y organismos especializados que revisen, examinen y entrevisten a los aspirantes a los cargos disponibles, y ellos decidan por mayoría a los elegidos.
Esta, además de ser una reforma democrática muy relevante, podría ser una importante bandera de campaña de Xóchitl Gálvez; renunciar a las atribuciones que tendría en estos procesos, despartidizar a las instituciones autónomas, con lo cual haría justo lo contrario de lo que ha hecho AMLO: debilitar, atacar, controlar, amenazar a tales instituciones.
Dicha reforma daría real autonomía a tales instituciones por lo cual serían más eficaces en vigilar y o sancionar a los poderes que deben vigilar. Mayor democracia auténtica, no sólo retórica como la que ofrece AMLO mientras hace todo lo contrario.
